Buscar
00:40h. miércoles, 08 de julio de 2020

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley que deroga el artículo 52 apartado d) del Estatuto de los Trabajadores, que contemplaba el despido procedente por bajas médicas justificadas y lo remitió al Congreso. Esta derogación está en vigor ya, aunque al tramitarse como proposición de ley, se permitía presentar enmiendas para su modificación. De hecho, VOX intentó tumbar esta iniciativa con una enmienda a la totalidad. Finalmente esta semana el pleno del Congreso aprobó este proyecto de Ley sin ningún cambio y lo ha remitido al Senado. Y es una muy buena noticia porque restituimos derechos a la clase trabajadora. Nuestro país avanza en la defensa de los derechos fundamentales.

La supresión de este precepto es muy importante porque responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de los y las trabajadoras, especialmente los que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes.

La reforma laboral que trajo el Partido Popular eliminó de un plumazo estos derechos, permitiendo que personas trabajadoras de este país fueran despedidas de forma indiscriminada por faltas de asistencia al trabajo sin importar que esas ausencias fueran sobradamente justificadas como por ejemplo por enfermedades crónicas. 

¿Qué pretendemos con la derogación de este artículo? Pues pretendemos garantizar la justicia social protegiendo a los colectivos más vulnerables, pretendemos dar seguridad jurídica, restablecer el equilibrio en la relación laboral y cumplir con la normativa de la Unión Europea.

Porque hasta en Europa se ha señalado que este tipo de despidos es contrario a las leyes europeas. El propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea indica que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencias justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad. Es evidente que estos despidos suponen una discriminación indirecta por discapacidad, porque las personas con discapacidad o enfermedades crónicas de base tienen tendencia a incurrir en un mayor número de bajas médicas de corta duración por las patologías que padecen.

La derogación de este artículo también favorece a las personas con dependientes a cargo, por cierto, en su mayoría mujeres trabajadoras, por lo que también estamos evitando la discriminación por razón de género.

Por fin las personas podrán tener la tranquilidad necesaria para pensar solo en curarse sin el temor de ser despedidos en una situación de gran vulnerabilidad. Siempre he pensado que la mejor manera de hacer política es escuchando, por eso me viene a la memoria, cada una de las palabras del padre de un menor enfermo de cáncer, de su desasosiego, de sus días interminables en el hospital a los que se sumaban el miedo a perder el único ingreso que entraba en su casa. Esa era la realidad que vivían miles de personas en nuestro país.

Queda trabajo por delante en materia laboral, estamos dando los pasos, debemos seguir en este camino para la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa, el reforzamiento de la negociación colectiva o la causalidad contractual para que no haya fraudes.

A pesar de todas las zancadillas de las derechas, vamos a seguir trabajando en la senda de la igualdad y la justicia social. Vamos a seguir legislando para recuperar derechos. Vamos a seguir articulando un escudo social para proteger a los más vulnerables tal y como lo hemos hecho con el Ingreso Mínimo Vital, para acabar con la pobreza extrema.

La derecha tiene una oportunidad única para decidir que prefiere. Para decidir si quiere seguir en la crispación y obstaculizando el trabajo del gobierno, dando un espectáculo vergonzoso incluso en el ámbito internacional actuando en contra de los intereses de los españoles pretendiendo que las ayudas europeas de reconstrucción lleven aparejadas un control férreo. Parece que no han aprendido nada de la anterior crisis económica. O por el contrario, si van a dejar la bronca y van a hacer oposición útil al país.

(*) Olivia Delgado es senadora por Tenerife