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08:49h. miércoles, 25 de noviembre de 2020

Este viernes 29 de mayo es un día que permanecerá siempre en mi memoria como el día en que nuestro país dio un paso más en la senda de la inclusión. 

En nuestro país fruto de las políticas de recortes y la reforma laboral del PP, la desigualdad se acrecentó. Incluso el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y desigualdad, en una visita a España a principios de año, puso de manifiesto la situación de pobreza y desigualdad. En el año 2018, el 26,1% de las personas y el 29,5 % de la infancia se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de mi tierra, Canarias, la situación es incluso peor, las causas fundamentales son el elevado desempleo juvenil y los empleos precarios mal pagados, a tiempo parcial o temporales. 

Por eso, los socialistas concurrimos a la elecciones con el compromiso de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital para las familias más vulnerables y la planificación era activarse el próximo año, sin embargo, la situación de crisis socioeconómica debida a la crisis sanitaria ha hecho que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se hayan puesto a marchas forzadas a diseñar y poner en marcha esta prestación que finalmente se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.

Este ingreso llegará a 850.000 hogares y supone un coste de 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. Un Ingreso que podrá complementarse con otras rentas o prestaciones de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno establecerá un mínimo nacional que después cada autonomía podría complementar.  

En su diseño se ha tenido en cuenta la tipología de hogar como por ejemplo los monoparentales, que son unos 100.000 y que son especialmente vulnerables. En este sentido los primeros en acceder a esta prestación serán los más vulnerables a los que se les reconocerá de oficio sin tener que solicitarla. El objetivo de esta medida es complementar rentas hasta alcanzar el nivel mínimo de ingresos para el que se ha diseñado una tipología de 12 hogares con umbrales de rentas distintas.

Este gobierno ha afrontado esta crisis rescatando a las empresas, a los trabajadores y a las familias a diferencia de la anterior crisis, una crisis mucho menor que esta,  donde el gobierno del PP se centró en rescatar a los bancos y aprobar una reforma laboral que machacó a los trabajadores, rebajó los salarios y recortó las protecciones al desempleo.

A través de algunas de las medidas puestas por el Gobierno estos meses se ha protegido a 5,2 millones de trabajadores a los que ha reconocido y pagado prestaciones por los ERTEs y el paro de los autónomos. Tal es el esfuerzo de protección que superamos la media de la Unión Europea  ya que mientras en España se ha protegido al 30 % de la población activa en Europa la media de protección es del 25%. 

Con el PP se dispararon los desahucios mientras ahora se aprueban moratorias para hipotecas, ayudas al alquiler o se evitan los cortes de suministros básicos. Incluso el PP se negó siempre a aprobar una renta mínima pese a que en la anterior crisis, España lideraba Europa en pobreza infantil junto a Rumanía.

No es difícil pronosticar que este logro social que se ha alcanzado tendrá un gran impacto entre las familias más necesitadas, evitando la exclusión social y mejorando la convivencia. Pronto será asumido como otro derecho social incuestionable como tantos otros introducidos en nuestro país por el partido socialista. 

Mientras el Gobierno sigue trabajando para hacer lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta para no dejar a nadie atrás,  la derecha y la ultraderecha siguen en la bronca permanente con el único objetivo de acabar con el Gobierno.

(*) Olivia Delgado es senadora por Tenerife