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22:36h. sábado, 28 de noviembre de 2020

La comunidad educativa esperaba desde hace mucho tiempo una nueva ley de Educación que sustituyera a la LOMCE del PP. Una ley que el PP impuso en el año 2013 en contra de todos y todas, rompiendo el consenso existente desde el año 2006. Y como respuesta el PP tuvo la movilización y rechazo de toda la comunidad educativa.

Como docente la ley del PP me escandalizó porque suponía un sistema educativo que segregaba al alumnado, estableciendo itinerarios a edades muy tempranas, en contra incluso de las recomendaciones de la OCDE. Recuerdo las conversaciones y debates que continuamente manteníamos el profesorado sobre la que entendíamos que iba a ser una ley que iba a empeorar los resultados del alumnado, como nos han venido a dar la razón a lo largo de estos años las tasas de titulación en ESO y Bachillerato.

Por eso, estos días están siendo muy importantes para la Educación de este país ya que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de educación, una ley que tiene como objetivo la transformación profunda del sistema educativo. Los y las socialistas defendemos una educación pública de calidad que garantice la equidad y la inclusión.

Este país tiene un reto por delante y también el sistema educativo pues la tecnología y la transformación digital han llegado para quedarse y damos respuesta con una ley que pretende modernizar el sistema educativo a través de la educación digital y el aprendizaje competencial en todos los niveles. Acabando de esta forma con la brecha digital, garantizando así la preparación que necesita el alumnado para las nuevas demandas laborales.

Hemos hablado mucho de desigualdad y pobreza infantil, en Canarias además tenemos uno de los porcentajes más altos de pobreza infantil de este país, por eso esta ley tiene como principio rector garantizar los derechos de la infancia y se plasma por ejemplo en reforzar el carácter educativo de la educación infantil de 0-3 años. Porque la educación infantil sin lugar a dudas compensa las desigualdades de origen cultural, social y económico, por eso es una prioridad para el gobierno extender progresivamente la educación infantil de cero a tres años, incorporando, además, a los colectivos más desfavorecidos. 

En cuanto a la ordenación de la enseñanza la etapa de primaria (de 6 a 12 años) constará de tres ciclos. Se elimina la jerarquía de materias en primaria y secundaria obligatoria (desaparece la división de material troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen las pruebas finales de etapa. En secundaria, se eliminarán los itinerarios de cuarto curso.

¿Cuántas veces hemos escuchado que hay mucho abandono escolar? La sociedad no puede permitirse que los jóvenes que son nuestro presente y también nuestro futuro no tengan una preparación adecuada. Nuestro país tiene un alto porcentaje de alumnado que repite curso en la ESO en comparación con la media de los países de la Unión Europea. Para revertir esta situación se incluyen medidas como que en Primaria solo se pueda repetir curso al final de cada ciclo no al finalizar cada curso como hasta ahora. Una de nuestras prioridades es reducir el abandono escolar.

El proyecto de ley se inscribe dentro de un proyecto de gobierno que tiene como prioridad las políticas feministas y de igualdad, de hecho en todas las etapas educativas se trabajará para prevenir la violencia de género y alcanzar la igualdad de hombres y mujeres. Ante la lacra social de la violencia machista juega un papel fundamental la educación en valores, basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

Una ley que responde a las demandas de la comunidad educativa recuperando la autonomía de los centros y la participación en su gestión de la comunidad educativa y devolviendo a los consejos escolares la participación como órgano de gobierno porque la escuela debe ser participativa e inclusiva.

No hay tiempo que perder y por eso el Ministerio recuperó el texto que aprobó el Consejo de Ministros el mes de marzo de 2019 pero que finalmente decayó por la disolución de las cámaras, ahora toca actuar a todos los grupos parlamentarios, también a los de la oposición, con responsabilidad durante el trámite parlamentario de una ley que contempla un plan de incremento de gasto público educativo hasta un mínimo de un 5% del PIB.


Olivia María Delgado Oval
Senadora por Tenerife
Presidenta de la Comisión de Juventud Senado
Portavoz de Transformación Digital