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02:08h. miércoles, 28 de octubre de 2020

Cada año en nuestro país se interponen miles y miles de denuncias por delitos violentos contra menores de edad.  Incluso a principios del año 2018, Naciones Unidas en el informe en relación a la  evaluación de España sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño ponía de manifiesto graves disfunciones en el sistema de prevención de la violencia y de los abusos sexuales que sufren los menores de edad y pidió a nuestro país la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia sobre la Infancia.

 

Esta violencia va desde acoso psicológico, desatención o trato negligente hasta agresiones físicas y  abusos sexuales. Ante esta dramática situación el Gobierno del Cambio liderado por Pedro Sánchez aprobó en diciembre de 2018 el Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia que finalmente quedó pendiente por la convocatoria de elecciones a principios del año 2019.
 
Una vez conformado el nuevo Gobierno ha sido una prioridad sacar adelante esta ley tan necesaria y hoy, el Consejo de Ministro ha aprobado el anteproyecto de ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se trata de una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.
 
Debo reconocer la ingente labor de las organizaciones de la infancia por su trabajo y esfuerzo por concienciar a los poderes públicos y a la sociedad sobre este gravísimo problema. Así como sus aportaciones en el texto normativo. 
 
Yo me escandalicé cuando analizando los informes de denuncias presentadas por abuso sexual en 2016, observé que más de la mitad tenían a un menor como víctima. Ya sabemos que las víctimas aún siendo mayores de edad, suelen entrar en estado de shock y a veces pueden tardar días en denunciar o ni siquiera llegar a hacerlo. Pues aún es más grave cuando hablamos de menores cuya inocencia les hace ser desconocedores de que están siendo agredidos y pueden tardar incluso años en darse cuenta. Lo que hace que en casos de abuso se tarde una media de 4 años en detectarlos. La falta de información, sensibilización social y de estrategias de prevención, hace que muchas familias tengan dificultades de cómo enfrentar y detectar estas situaciones de violencia hacia la infancia.
 
Esta ley introduce como novedad la prueba preconstituida, lo que viene a evitar la denominada victimización secundaria, para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado así la grabación de la declaración se utilizará en las distintas fases del proceso.
 
La norma entre otras medidas recoge el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia. Establece además la creación de unidades especializadas en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se reconoce el derecho a la asistencia gratuita jurídica a menores de edad. 
 
En definitiva la ley tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia, aumentando el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente.
 
Un aspecto clave de la nueva ley es la creación de una nueva figura en todos los colegios, la del coordinador de bienestar y protección. Asimismo, se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Los centros educativos juegan un papel fundamental en la detección de este tipo de situaciones siendo fundamental que se conozcan los indicadores y cuenten con protocolos de actuación estandarizados y estén respaldados por servicios de apoyo e intervención.
 
Con la aprobación de esta ley España se pondrá a la vanguardia de la protección de los derechos de la infancia en todo el mundo. Ahora toca la tramitación parlamentaria donde todos los grupos políticos debemos remar en el mismo sentido, el de beneficiar la vida de los niños y niñas. La protección a la infancia debe quedar por encima de los intereses partidistas. Es nuestra obligación proteger la infancia, cuidar nuestro futuro.
 
(*) Olivia Delgado es senadora por la isla de Tenerife