Unidas se puede demanda que se cumpla con los acuerdos para reconocer a Luis Rodríguez Figueroa y a Antonio González como víctimas de la dictadura

Recuerda que en el caso de Antonio González se trata de un vecino del Ortigal fallecido a consecuencia de las terribles torturas sufridas el 29 de octubre de 1975, cumpliéndose este año cincuenta años de ese triste suceso. Destaca que, a pesar de la presencia en el salón de plenos de un grupo que suele justificar o incluso defender anteriores etapas predemocráticas, se alcanzó un acuerdo unánime, igual que en su momento se logró y se realizó en 2015. “Creemos que es un acto de justicia y una forma de arropar a una familia que todavía mantiene una herida abierta y que merece el apoyo de la institución, más aún en el contexto de las acciones promovidas por el Ministerio de Memoria Democrática”, afirma.

En el caso de Luis Rodríguez Figueroa se alcanzó un acuerdo mayoritario en el año 2024, al considerarse que este vecino de La Laguna fue un pionero en su tiempo, “un intelectual que utilizó su voz y su pluma para luchar por un futuro más justo”.  Indicaba la moción aprobada que el diputado electo en las elecciones de febrero de 1936 desarrolló el final de su vida en La Laguna, siendo su casa, la mítica Villa Loreto, atacada y saqueada en octubre de 1936. La familia no solo vio desaparecer a uno de sus hijos, vivió el exilio y el encarcelamiento de otra parte y la detención y desaparición del propio Luis Rodríguez. “No solo como un acuerdo plenario, se trata de un reconocimiento que como demócratas y como un Gobierno que se dice progresista sería lógico desarrollar, para reconocer y divulgar su herencia cultural”, añadió Ascanio. 

 

Entienden que ha existido tiempo suficiente en ambos casos para desarrollar acuerdos y labores conjuntas, incluso para la financiación de estos proyectos con los fondos disponibles dentro de los acuerdos existentes con la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, que dota a los municipios de recursos a través de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias y del Cabildo insular. 

 

Desde Unidas se puede esperan que su petición se tenga en cuenta y, con el tiempo transcurrido tras los acuerdos plenarios, se haya previsto ya su desarrollo. “La Ley de Memoria Democrática es un instrumento que refuerza lo que ya contemplaba la Ley de Memoria Histórica, ahora se trata de darle sentido y significado a su base, que es tratar de dignificar a unas víctimas que durante casi ochenta años han estado en el olvido y en ocasiones, en el maltrato institucional, tras la Ley de Amnistía”, apunta.