Arona modifica las bases de sus ayudas sociales para aumentar las cuantías, incluir nuevos conceptos y llegar a más personas

José Julián Mena

El Ayuntamiento de Arona eleva a pleno nuevas bases reguladoras para las principales ayudas del municipio, las “más sociales de la historia de Arona, realistas y adaptadas a las necesidades de nuestra ciudadanía”, como afirma el alcalde, José Julián Mena.

La nueva regulación, que afectará a las que se abonarán el año que viene, hace una apuesta por llegar a muchísimos más usuarios y usuarias, se incrementan las partidas y se suprime el requisito de estar al día con las obligaciones tributarias municipales, algo que estos beneficiarios, en general personas sin recursos, no pueden cubrir porque precisamente piden apoyo para cuestiones de primera necesidad.
Las nuevas bases reguladoras de la concesión de ayudas que se llevan al pleno ordinario de mañana (28 de julio) incluyen las de rehabilitación de primera necesidad de viviendas, las de emergencia social, las becas para educación especial, estudios universitarios y superiores de música, así como las ayudas al transporte para estudiantes y las destinadas a las ampas en dos modalidades (permanencia y actividades). Se trata de siete expedientes que “cambian los requisitos previos para conseguir llegar a más personas y dar una cobertura efectiva a las necesidades de nuestra ciudadanía, unas aportaciones que apuestan por una política mucho más social y justa”.
Además, el alcalde destacó el trabajo transversal entre técnicos y concejales de las áreas municipales para abordar las prestaciones sociales de manera conjunta e integral, en este caso de Vivienda, Educación y Servicios Sociales.
Las ayudas se refieren al periodo 2016/2017 pero en el sentido de que, una vez se aprueben y superen los periodos de publicación y exposición pública, se espera sacar las convocatorias en el último trimestre de este año y abonarlas el próximo. Aunque ya se han recogido incrementos en las partidas presupuestarias para las de este año, que se rigen por las bases anteriores y que muchas ya se están abonando, se espera una ampliación para los presupuestos de 2017 en la que ya se está trabajando.

De 600 a 3.000 euros para alquiler

Aunque se ha registrado la incorporación de novedades y mejoras en todas las bases, uno de los casos más destacados es el de las ayudas de emergencia social. Así, aumentan las ayudas para vivienda, que pasan de 600 euros en total al año a 3.000 euros con un máximo de seis meses por año y unidad de convivencia, una medida que se considera fundamental para la prevención de la exclusión residencial. 
Además, se crea la cobertura del alojamiento temporal para personas sin hogar y con riesgo de exclusión social, en el entorno habitual de residencia, y el alquiler provisional por situaciones de fuerza mayor o emergencia, ambas por un periodo de 90 días prorrogables a otros 30.

Suministros básicos

Se incluye una nueva ayuda para cubrir suministros básicos de agua, electricidad y gas, que antes no se contemplaba, así como otra para el desarrollo de programas de intervención social, en las que se incluyen cursos de capacitación profesional, uniforme de trabajo, actividad recreativa para situaciones de aislamiento o depresión, o actividades terapéuticas para personas con algún tipo de trastorno mental.
Además, se incrementa la cantidad de dinero anual que puede percibir la unidad de convivencia para alimentación, se elimina los requisitos de edad (antes estaban dirigidas solo a menores) y discapacidad para acceder a tratamientos odontológicos, se puede optar a bonos de transporte (hasta ahora era para cuestiones relacionadas con la salud) para la búsqueda de empleo y el acceso a actividades de inserción social.
Asimismo, se incorpora una nueva ayuda para facilitar la conciliación familiar y laboral en los casos en que se cumplan los requisitos esenciales, con servicios de permanencia, de acogida temprana, comedor, uniformes y recursos para periodos no escolares. También se incorpora a las ayudas de emergencia social las relativas a materiales y libros, lo que permitirá tenerla abierta todo el año.
Con estas nuevas bases, se llegará a más población en situación de vulnerabilidad, ya que casi se triplica el umbral de renta por individuo, se suprime la obligación de estar al corriente del pago de tributos y se incluye, además de todas las nuevas ayudas, una singularidad que apuesta por la justicia social, con la incorporación de la valoración social. 
Esto permitirá que accedan a las ayudas personas que, aún no cumpliendo algún requisito, se encuentren en una situación grave que aconseje la prestación, como víctimas de violencia de género, personas sin hogar, menores en situación de riesgo, etc. Asimismo, se tendrá en cuenta las recomendaciones para evitar la cronificación voluntaria, la baja colaboración para superar la situación o el incumplimiento del beneficiario de lo establecido en los programas de intervención.

Obras en la vivienda

En las ayudas de rehabilitación de vivienda de primera necesidad, se pasa de una cuantía máxima por demandante de 3.000 a 4.500 euros, se reduce el tiempo mínimo de empadronamiento para solicitarlo, que pasa de 2 años a 6 meses, y se incluye a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, con ayudas para adaptar las viviendas y hacerlas accesibles. 
Además, el requisito de máximo de ingreso bruto anual, se aumenta de tal manera que se suman los ingresos de la unidad de convivencia y la cuantía resultante se divide por el número de miembros de dicha unidad, con lo que se otorgará si este resultado no supera los 15.000 euros. 
En las ayudas a rehabilitación de viviendas,  que están dirigidas a cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, ya se ha producido un aumento del 50% en los presupuestos en vigor respecto al 2015.

Educación

En cuanto a las ayudas del Área de Educación, se aumenta el límite de ingresos de la unidad familiar, que pasa de 10.999 a 12.780,26 euros, y se registran una serie de novedades respecto a años anteriores. Así, las mujeres víctimas de violencia de género solicitantes no tendrán que cumplir el tiempo mínimo de antigüedad en el padrón municipal, establecido en seis meses, y otra singularidad es que se suprime el requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la hacienda local (excepto en las ayudas a las ampas), y se incrementa la puntuación por las circunstancias familiares.