Vecinos de Lomo Negro movilizados por la regularización de sus viviendas frente a amenazas de demolición
En la localidad de Lomo Negro, una urbanización clandestina situada junto al concurrido barrio de El Fraile, en el municipio de Arona, actualmente residen aproximadamente 300 personas. Estos residentes enfrentan la amenaza constante de desalojo, ya que han recibido notificaciones de orden de derribo de sus viviendas, junto con multas que en algunos casos ascienden hasta los 150.000 euros.
Como respuesta a esta situación, los vecinos de Lomo Negro han emprendido movilizaciones en busca de soluciones que eviten la demolición de sus hogares.
Una muestra de esta protesta tuvo lugar el sábado 20 de julio, cuando alrededor de 250 personas se congregaron frente al Centro Cultural de Los Cristianos portando camisetas con consignas tales como "No somos delincuentes, somos propietarios", carteles que demandaban soluciones habitacionales y expresaban mensajes como "Un techo, un hogar, un derecho fundamental" y "Solución, no demolición", así como pancartas exigiendo una amnistía para Lomo Negro.
Rocío, una de las afectadas, declaró a Sol del Sur que: "Lo que buscamos es regularizar nuestra situación. Hemos mantenido conversaciones con Luis García, concejal de urbanismo de Arona, quien se comprometió, dentro de sus competencias, a asistir a los vecinos afectados. Algunos de nosotros llevamos residenciados aquí desde hace años, incluso estamos empadronados y pagamos impuestos como el IBI.
Existen otras parcelaciones similares a Lomo Negro, pero parece que nuestra localidad es la única en discusión. No deseamos confrontaciones con el ayuntamiento; somos personas honestas, trabajadoras y padres de familia, no delincuentes. Lo que está ocurriendo no es justo."
En aras de encontrar soluciones al conflicto, se proponen diversas medidas, entre las que se encuentran la declaración del suelo como asentamiento rural, la concesión de una amnistía y la inclusión de la parcelación en el Plan General de Ordenación urbana.
Su principal objetivo es preservar sus viviendas, y están dispuestos a hacer todo lo necesario, incluso recurrir al Tribunal Europeo, para regularizar su situación y evitar el desalojo.