Vecinos de Cho denuncian la parálisis urbanística desde hace 40 años por errores de Gestur, el Ayuntamiento y ahora un contencioso de Nicolás Jorge, exasesor de Mena
Un grupo de vecinos de Cho, en el municipio de Arona, denuncia el bloqueo urbanístico que dura más de 40 años, sin que las instituciones responsables ofrezcan solución alguna, desde Gestur -no cedió el 10% de aprovechamiento urbanístico al que estaba obligado- al Ayuntamiento de Arona, incluso debido a un contencioso no resuelto presentado por el exasesor del alcalde Mena, Nicolás Jorge. Debido a todo ello, los vecinos no pueden obtener licencias de obra mayor en suelo urbano, a pesar de pagar impuestos, recibir servicios municipales como el resto del municipio y que durante más de tres décadas sí se han ido concediendo hasta llegar a urbanizar un 60 % del polígono en cuestión.
Los vecinos, en un escrito enviado a este medio digital, hacen un exhaustivo recorrido por los hechos que han paralizado la recepción municipal del Polígono 2A de Cho.
El Ayuntamiento de Arona adjudicó en julio de 2024 un contrato menor por 14.980 euros a la Universidad de La Laguna para obtener un dictamen jurídico-urbanístico que desbloqueara la situación del Polígono 2A. El dictamen fue recibido en septiembre de 2024, pero nunca ha sido incorporado al expediente, ni siquiera se ha tramitado el pago de la factura según ha podido confirmar el vecindario. Al parecer la Fundación de la ULL lleva meses reclamando el abono sin éxito, y el expediente no ha sido movido desde que entró en Urbanismo.
La alcaldesa Fátima Lemes se comprometió públicamente en abril de 2024, delante de más de 30 vecinos, a buscar una solución, junto al entonces concejal de Urbanismo Luis García (Más Por Arona). Este ofreció durante meses explicaciones vacías, sin mover absolutamente nada, hasta que fue sustituido en febrero de 2025. Desde entonces, el nuevo concejal del PP asegura que el contrato se encuentra “en Intervención”, mientras desde ese departamento nos afirman que Urbanismo no ha hecho ningún trámite desde julio de 2024, y que es una excusa para ocultar la inacción.
Por su parte, Gestur Canarias se desentiende totalmente. A pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo confirmó en un caso muy similar que debía asumir su responsabilidad por no ceder el 10 % del aprovechamiento en su día, se niega a emitir informes si no se lo solicita formalmente el Ayuntamiento, sabiendo que este lleva más de 40 años sin hacerlo. Esa omisión deliberada bloquea cualquier vía de solución, mientras continúan los perjuicios a familias y pequeños propietarios que adquirieron parcelas legalmente hace décadas. Nos dirigimos por carta certificada al consejero delegado de Gestur Canarias, Manuel Agonay Piñero, sin obtener respuesta alguna. Por ello, acabamos de trasladar el caso al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina, como responsable jerárquico y supervisor institucional de Gestur.
La situación afecta actualmente a cerca de 100 familias, muchas de ellas con hipotecas y proyectos paralizados, sin poder construir ni legalizar sus viviendas. Se trata de un suelo urbano consolidado, con calles inventariadas como propiedad municipal, que reciben servicios públicos (alumbrado, recogida de basura, mantenimiento, etc.), pero donde el Ayuntamiento se niega a resolver licencias de obra, ni siquiera para denegarlas formalmente, por no estar “recepcionada” la urbanización. Es una paradoja administrativa que vulnera derechos básicos.
Este caso tiene claros paralelismos con La Quinta, en Santa Úrsula, donde los vecinos tuvieron que acudir a la Fiscalía para que se pusiera fin a décadas sin servicios básicos. Aquí sucede algo muy parecido: los servicios públicos existen, pero no se permiten las licencias, lo que genera una situación de indefensión institucional inaceptable.
Este caso ya ha sido denunciado por los vecinos ante el Comisionado de Transparencia (resolución R130/2024), el Diputado del Común y el Parlamento de Canarias, que lo ha admitido a trámite como expediente 11L/EAP-0122.
Contencioso presentado por Nicolás Jorge
Además, queremos poner en su conocimiento otra información de interés. En una reunión mantenida en febrero de 2025 con el nuevo concejal de Urbanismo, este nos comentó que “toda la zona estaba frenada por un contencioso presentado por un tal Nicolás Jorge (exconcejal de Granadilla y asesor del exalcalde de Arona hasta 2023, añadimos nosotros), de parte de Mena”. Ante la negativa del Ayuntamiento a darnos más información, presentamos una solicitud mediante modelo general, poniendo en copia al concejal de Urbanismo, para que nos aclararan qué denuncias había presentado este señor. Posteriormente, el Archivo General nos facilitó copia de las denuncias. Con esa documentación acudimos al Juzgado de lo Contencioso, donde pudimos localizar los números de procedimiento con ayuda de la funcionaria responsable, y a día de hoy se encuentran pendientes de análisis en sede judicial.
Concretamente: PO 2082/24: interpuesto el 9 de octubre de 2024 por Nicolás Jorge, solicitando restablecimiento de la legalidad urbanística por la ejecución de varias calles como rodonales (Baderna, Bajío, Saloma y transversal a Infanta Cristina), cuando el planeamiento las define como peatonales.
PO 2132/24: también relacionado con solicitud de restablecimiento de legalidad urbanística respecto al Proyecto de Urbanización aprobado el 1 de octubre de 2024.
Hemos visto que Sol del Sur Tenerife ya ha publicado informaciones recientes sobre Nicolás Jorge (por ejemplo, la del 29 de agosto) y otros procedimientos judiciales en los que está involucrado. Por ello, pensamos que este nuevo ángulo, con documentación que adjuntamos, puede ser de gran interés para su medio, ya que conecta directamente con esas noticias y demuestra cómo actuaciones de este personaje están hoy bloqueando un desarrollo urbano que afecta a un centenar de familias.