Gabriel González, concejal por Podemos, celebró la aprobación de esta iniciativa, destacando que supone un paso imprescindible para abordar los problemas de acceso a la vivienda en un municipio tensionado por la turistificación. "En el día de hoy hemos traído una moción para regular el alquiler vacacional en Adeje, ya que los datos no se pueden ocultar. 4.800 viviendas están dedicadas al alquiler vacacional, lo que representa 20.000 plazas alojativas. Estas cifras demuestran que la vivienda residencial está siendo ocupada para uso turístico, expulsando a la ciudadanía de sus propios barrios”, afirmó. 

Una respuesta a la crisis de vivienda. 

La masificación del alquiler vacacional en Adeje ha sido un tema de creciente preocupación para los residentes. Según datos del Cabildo de Tenerife, un 20% de las viviendas del municipio están dedicadas al alquiler vacacional, lo que ha disparado los precios y reducido drásticamente la disponibilidad de viviendas para uso residencial. 

“Esta moción ha sido aprobada por el pleno municipal, lo cual es un primer gran paso. Ahora nuestra labor será garantizar que la ordenanza se lleve a cabo y que no quede en papel mojado”, añadió González. 

Regulación para proteger a los residentes. 

La nueva ordenanza busca establecer límites y condiciones claras para la actividad de alquiler vacacional, con el objetivo de equilibrar las necesidades de la población local y la actividad turística. Desde Podemos destacan que esta medida es esencial para combatir la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de los vecinos y vecinas de Adeje. González concluyó subrayando el compromiso de su formación para vigilar que la ordenanza se implemente con rigor y eficacia: “Esto no es solo una victoria de Podemos, sino de todas las personas que llevan años reclamando soluciones a un problema que afecta directamente a su calidad de vida. Seguiremos luchando para que Adeje sea un lugar donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho”. 

Con esta aprobación, Adeje se convierte en uno de los primeros municipios turísticos de Canarias en tomar medidas concretas para regular el alquiler vacacional, marcando un precedente en la lucha por el acceso a la vivienda en las islas.