La contratación de dicho informe externo responde a las quejas vecinales reproducidas a lo largo de los últimos años acerca de diversas cuestiones relacionadas con el vertedero: plagas, olores por la emanación de gases, afección a cultivos y granjas de la zona, plásticos que sobrevuelan el recinto y llegan a las áreas colindantes, etc. 

En la misma línea, se pretendía un segundo objetivo; llevar a cabo una inspección urbanística rutinaria que pudiera comprobar si se han creado las nuevas instalaciones en el Complejo, tal y como se preveía, ya que, a día de hoy, solo hay conocimiento de la existencia del vertedero, una planta de compostaje, una planta de separación y clasificación de envases y un aula ambiental.

En este marco, se informó al Cabildo de Tenerife de la intención de efectuar dicha acción y poder disponer de los permisos correspondientes para entrar al recinto. Desde el organismo insular se dio una semana de margen para ejecutar las mencionadas revisiones. Tras ello, el Ayuntamiento informó de la fecha a realizar la inspección interna, con la previsión del día anterior realizar una inspección aérea mediante vuelo de drones con la colaboración de los técnicos de Medio Ambiente y Urbanismo, Policía Local y Protección Civil. Cabe recalcar que estos vuelos se llevaron a cabo con el único objetivo de visualizar el estado de las parcelas a efectos urbanísticos ambientales y recabar el apoyo documental necesario para la posterior inspección y redacción de informes. 

En estas imágenes se descubrió que, en el periodo de una hora, el 30 de enero de 2023, llegaron al Complejo Ambiental “31 camiones, 29 cargados con residuos, de los cuales 20 fueron directos a la celda de vertido sin pasar por las plantas de procesamiento y tratamiento de clasificación todo-uno”. Tal y como dicen los informes, “el contenido de estos camiones constaba de asfaltado fresado, plásticos clasificados y residuos sólidos urbanos sin separar. Las cifras señalan que, de 534 m3/h de residuos entrantes, 400 m3/h de residuos se trasladaron directamente”. Asimismo, “también hubo evidencias de vertidos conjuntos: residuos sanitarios junto a plásticos, plásticos con residuos no peligrosos y, a su vez, piche y construcción con residuos no peligrosos”. 

Tras los hechos expuestos en el informe externo de la empresa Evalúa, el informe del área de Medio Ambiente concluyó “la existencia de numerosas deficiencias y evidencias de delito ambiental”.

Al día siguiente de la inspección aérea, se negó la entrada al Complejo Ambiental para realizar la inspección terrestre a la empresa evaluadora, aunque sí a los empleados públicos del consistorio bajo la expresa consigna por parte del Cabildo de que “la acción no tendría categoría de inspección sino de visita” pese a estar comunicado, por lo que no se pudieron confirmar ni comprobar el estado de las instalaciones ni el registro de los datos de gestión. 

Debido a la magnitud y trascendencia ambiental, social y política de las conclusiones obtenidas, el Gobierno de Arico ha visto necesario denunciar estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que se investigue la gestión de residuos en el Complejo Ambiental de Tenerife y determine el marco de legalidad de dichas prácticas, responsabilidades y medidas a tomar. También se ha puesto en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y La Dirección General Lucha contra el Cambio Climático y Medioambiente. 

El acalde, Sebastián Martín, reiteró la mala gestión del Complejo Ambiental que está incidiendo directamente en Arico. “Hemos comprobado con esta inspección el grado de afección desde el punto de vista ambiental a nuestro municipio ya que, se sigue enterrando basura, se saltan los procedimientos de tratamiento de los residuos, el vertedero sigue creciendo, creando celdas y no se aplican las políticas de reciclaje y reutilización de los residuos de la isla de Tenerife”, sentenció. 

Por ello, en el día de hoy, “se ha traslado a la fiscalía de Medio Ambiente todos los hechos detectados en los informes técnicos municipales y de la empresa externa de apoyo, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por si pudieran existir infracciones administrativas y al órgano competente para la inspección de los vertederos, que es competencia de la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias”. Todo ello “ante la evidencia constatada de un incumplimiento sistemático en la planificación ambiental y gestión de residuos”, afirmó el regidor.

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Andrés Martínez, también como portavoz del Partido Popular, señaló que han llevado “de forma escrupulosa y minuciosa todo lo relacionado con el medio ambiente y, evidentemente, con la gestión de residuos, por lo que desde hace muchos años se reivindica una compensación para el municipio”. “En su día fue elaborada por la Universidad de La Laguna una valoración de todo lo que ocasiona la planta insular para el municipio. Por ello, hemos encargado este informe para ver y valorar, de forma oficial, la gestión de residuos que se hace en el PIRS, cómo y cuáles son esos perjuicios y afecciones que provoca”, añadió el edil. Por último, destacó que se está “intentando mejorar el propio modelo de recogida de basuras, y se entiende que el resto de municipios también hacen lo propio, pero si no hay una planta que haga una gestión debida, de nada vale. Vamos a seguir reivindicando una gestión de residuos como corresponde y la compensación que Arico merece”.

El teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Víctor García, como portavoz de Coalición Canaria, argumentó que “el Cabildo de Tenerife está jugando con la mayor fuente de empleo de Arico. La gestión ha sido nefasta y ha empeorado ambiental y económicamente al municipio”. “Al desastre ambiental se suma la negativa constante en la compensación al municipio, que merece un trato Justo y equitativo que se ha perdido en los últimos años”, puntualizó en la misma línea que el concejal de Medio Ambiente.