Los socialistas vuelven a recurrir al pleno municipal para que el gobierno local escuche las demandas de barrios enteros del municipio que sufren la nefasta gestión del agua desarrollada estos años por la empresa concesionaria. No es la primera vez que el PSOE lleva al pleno estas quejas “que hasta ahora por un oído le han entrado al grupo de gobierno y por el otro le han salido”. “Se llegó al acuerdo de realizar una auditoría para conocer cómo está siendo la gestión del agua en el municipio y tras casi dos años todavía el gobierno local no ha dado explicaciones de las conclusiones de la auditoría de control”. 

Para más inri en este período se produjo una restricción de agua para el consumo humano del depósito de El Porís, restricción que sigue afectando también al núcleo de Las Eras. Esta restricción que hace la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se debe al mal estado del depósito y la suspensión del programa de vigilancia sanitaria en él. “Tras 6 meses el grupo de gobierno no ha realizado su trabajo para que este depósito vuelva a entrar en funcionamiento con todas las garantías sanitarias”. 

Esta situación es más grave aún si tenemos en cuenta que el gobierno local tenía conocimiento del mal estado del depósito desde hacía años “y sin embargo no hicieron nada, actitud negligente e irresponsable que ha tenido como consecuencia que los vecinos lleven meses con una restricción de uso de agua para su consumo  y para cocinar con el consiguiente gasto de dinero en agua embotellada que les ha ocasionado”.

Los socialistas consideran que el contrato con la concesionaria es la herramienta jurídica que debe defender los derechos de la ciudadanía de Arico y no entienden que la desidia en este asunto siga poniendo en peligro la salud de los residentes en esos barrios. “No sólo es una tomadura de pelo sino un incumplimiento del contrato que tendría que acarrear las consecuencias jurídicas que se contemplan”. 

Los socialistas solicitan no sólo que se proceda a subsanar de forma urgente las deficiencias existentes en el depósito de agua de consumo humano que han dado lugar al establecimiento de la restricción de uso y que se garantice a la población afectada el suministro de agua apta para su consumo, sino también que se incoe expediente para aclarar las presuntas responsabilidades que se derivan de este incumplimiento contractual flagrante. “Y por supuesto que se cumpla el acuerdo plenario sobre la auditoría para conocer la situación real del servicio que se está prestando”.

Pero las demandas socialistas no quedan aquí. Han pasado 8 años de la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Aqualia, decisión a la que se opuso el grupo socialista, y el descontento general no ha hecho más que crecer. Esta situación irregular en cuanto al abastecimiento de agua potable se ve agravada por que podría estar dándose presuntas irregularidades en la facturación a numerosos vecinos y vecinas por el concepto de alcantarillado sin que se esté prestando el servicio ni haya nacido la obligación de contribuir.

Tal y como recoge la ordenanza municipal de alcantarillado, la correcta tramitación y pago de la tasa se debe dar sólo cuando exista la acometida de alcantarillado municipal. “Solicitamos que de una vez el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y que exija al gestor responsable que proceda a revisar de forma urgente contrastando el padrón municipal con las zonas donde no se presta el servicio de alcantarillado a efectos de detectar si hay efectivamente vecinos y vecinas a lo que se les está cobrando por el servicio sin que se les esté prestando”, explica Delgado. Con posterioridad a la remisión al Ayuntamiento de esa relación nominativa de las personas afectadas por un posible cobro indebido, los socialistas piden que se proceda a la devolución de los cobros indebidos con los intereses que procedan.

Para los socialistas, se trata básicamente de que el grupo de gobierno deje de mirar para otro lado y empiece a trabajar en beneficio de los derechos de los vecinos y vecinas de Arico, hartos de tanta dejación ante las anomalías que se vienen detectando desde hace años en la ejecución del contrato tanto de abastecimiento de agua potable como el de la prestación del servicio de alcantarillado. “Ya es hora de que los contratos se hagan cumplir para defender con todas las consecuencias los intereses legítimos de los vecinos y vecinas frente a los intereses de las empresas” concluye Delgado.