Esos acuerdos fueron firmados en el pasado por el grupo de gobierno nacionalista (CC), al frente del ex alcalde,  José Alberto González Reverón,  con propietarios de suelo,  y se rubricaron de forma  previa a expensas de la aprobación definitiva y desarrollo de un Plan General (PG) que jamás llegó a materializarse por la infinidad de irregularidades urbanísticas que dieron lugar a la suspensión definitiva del citado documento.

A los 7 millones hay que sumar  1 millón más de euros por la redacción del PG ,  encargado en su momento por el mandato de José Alberto  Reverón, más conocido como Berto, así como el pago, todavía pendiente,  de otros tantos acuerdos urbanísticos, también incumplidos.

Los aroneros  hemos perdido en pocos años 7 millones de euros por incumplimiento de convenios urbanísticos heredados del bertismo; el PG suspendido supuso un gasto innecesario de 1 millón de euros. Foto Esteban Pérez

Según  García, los redactores del PG “han cobrado ya por su trabajo”,  un documento urbanístico que jamás vio la luz, aunque los técnicos cumplieron con el encargo a las órdenes de políticos y especuladores de una trama corrupta (Caso Arona) por el mero hecho, a su entender, de llevar a cabo “usos y costumbres” que desde tiempos pretéritos siempre habían funcionado bien para el municipio.

El concejal de Urbanismo reconoce que la cantidad de dinero que sin más se ha ido al cubo de la basura, “es muy importante”, amén de la que todavía está por pagar por  otros tantos convenios urbanísticos, también incumplidos.

Entre los convenios que ha liquidado el Ayuntamiento de Arona, con cargo a las arcas municipales, se encuentra el de Laderas del Espejo, firmado entre el consistorio y un importante empresario de la zona con el que ya se ha saldado una  deuda de 1 millón de euros.

Otro convenio al que también ha hecho frente el  consistorio es el de la zona deportiva de El Valle de San Lorenzo, por el que se han pagado 500.000 euros, a la vez que el propietario del suelo donde se emplaza el instituto de Guaza reclama, según sentencia, 1 millón de euros a las arcas municipales,  por ocupación indebida del suelo de su propiedad.

¿A quién beneficia el incumplimiento de trabajos inservibles, como la redacción del PG; que pasó por alto el plan de evaluación estratégica ambiental, motivo por el que fue anulado, y  de los convenios urbanísticos firmados en su momento y denunciados después,  por no llevarse a cabo?,  es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos y sobre  la que responden que desde luego lo que sí está claro que los grandes perjudicados son los vecinos del municipio.