Insiste en que no debe olvidarse que el mérito de conseguir que esa gran ciudad del Sur haya quedado fuera del planeamiento insular, tal como ya ha dado a conocer el Ayuntamiento, “se debe a los vecinos”, que en su momento presentaron alegaciones contra esa ciudad que se recogía como una Operación Singular Estructurante en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), del Cabildo de Tenerife. De este modo, el desarrollo urbanístico de 4 millones de metros cuadrados de suelo queda ahora fuera del PIOT y  pasa a ser controlado por el Ayuntamiento de Arona, a través de la ley del suelo y el planeamiento municipal.

El Ayuntamiento consigue de ese modo recuperar las competencias urbanísticas de una bolsa de suelo enorme entre Cabo Blanco y Buzanada, que, según el edil,  bajo el pretexto del PIOT de “ordenar el territorio” se escondía también “una gran especulación del suelo”, que pretendía dar cabida a unas 100.000 personas.

Sin embargo, las reivindicaciones vecinales que llegaron hasta el Parlamento europeo de la mano de José Antonio Reverón; así como, la moción que presentó el Ayuntamiento en pleno ante el Cabildo, además de la pérdida de las competencias urbanísticas municipales -de llevarse a cabo esa operación a través del PIOT- han dado al traste con un proyecto para muchos controvertido.

Ahora, será el Ayuntamiento quien decida cómo desarrollar ese suelo en una zona y municipio pobre en saneamiento, depuración de aguas,  infraestructuras deportivas, culturales, viarias, zonas verdes y de esparcimiento. Y tendrá que ser también el Ayuntamiento quien evite la especulación y ponga al servicio de la ciudadanía un modelo de desarrollo en forma de ciudad sostenible, razonable y humana.

Los planes que en su día  pretendieron Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona, bajo el patrocinio nacionalista de Coalición Canaria (CC),  para dar respuesta al gran crecimiento poblacional del Sur; paralizado con la crisis, incluyeron también la creación de una sociedad, denominada Cabogest. Esta sociedad tenía como objetivo la compra de suelo en esa zona y estaba coparticipada por el  Cabildo, Gestur,  CajaCanarias - en su momento- y en menor porcentaje, el Ayuntamiento de Arona.

La citada sociedad llegó a contar con 400.000 metros cuadrado de suelo, la mayor parte del Cabildo;  de los cuales, unos 311.000 metros cuadrados se habían calificado como suelo urbanizable no sectorizado. En torno al año 2007, el que fuera concejal del Ayuntamiento por el grupo socialista, Francisco García Santamaría, planteó la compra de ese suelo para poder recuperar el control urbanístico del mismo, de manera que su grupo -entonces en la oposición- propuso la creación de partidas presupuestarias para adquirirlo, no más allá del precio al que había sido vendido.

Se pretendía con ello que el Ayuntamiento se hiciera con las competencias urbanísticas plenas de un suelo que ya estaba, en parte, en manos del Cabildo.