El intrusismo, esta actividad ilegal, que reviste varias formas desde los buses y microbuses de empresas privadas qué usurpan los servicios destinados al Taxi, como los turismos particulares que sin ningún tipo de autorización administrativa y en la absoluta ilegalidad realizan servicios de transporte, dañando gravemente al sector que se ajusta a la ley y cumple con la normativa que lo regula, genera pérdidas millonarias al sector del Taxi poniendo en peligro muchos puestos de trabajos legales, afecta de manera negativa a la imagen turística de la zona Sur de la Isla dando la impresión de qué lejos de pertenecer a Europa estamos el tercer mundo , tanto desde el punto de la imagen de los vehículos implicados en el intrusismo en muchas ocasiones claramente deficiente, cómo en la absoluta inseguridad jurídica en la que se mueve el cobro de los precios y las condiciones en que se producen los transportes.

El sector del transporte es un sector altamente regulado y qué cuando se presta en condiciones de legalidad reviste altos estándares de calidad y seguridad.

El colectivo de Grupasca quiere recordar qué es el Cabildo de Tenerife la administración encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley del transporte de Canarias y ello mandato legal de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias qué establece en su artículo 7 que serán los Cabildos Insulares los competentes para la incoación, tramitación y resolución de los expediente sancionadores, además y por mandato de la misma ley, es obligación del Cabildo la elaboración y ejecución de los planes y campañas de inspección de las empresas y actividades relacionadas con los transportes por carretera, así como la inspección, control y vigilancia de las mismas.

Son los inspectores de transporte del Cabildo y sus servicios jurídicos los que tienen la obligación de denunciar e instruir los expedientes sancionadores por las infracciones qué se comenten a diario.

Asimismo se recuerda que aunque las policías locales de los municipios sureños puedan actuar denunciando las infracciones de la ley del transporte sólo el Cabildo de Tenerife como administración competente puede instruir y resolver las citadas denuncias, en este caso los ayuntamientos tienen competencias para instruir las denuncias en materia de tráfico pero están obligados a remitir al Cabildo las denuncias en materia de transporte.

Es evidente que el actual número de inspectores de transporte de los qué dispone el Cabildo Insular de Tenerife son insuficientes para abordar una problemática  de esta magnitud, siendo necesario qué el cuerpo de inspectores aumente acorde a la complejidad y volumen de la problemática derivada del intrusismo.

Los principales lugares donde se producen las actividades ilegales qué pueden ser englobadas bajo el concepto de intrusismo, son los principales nodos de comunicación del Sur de Tenerife, cómo el Aeropuerto Sur, el Puerto de los Cristianos y además de manera especial las infraestructuras hoteleras desde donde se captan ilegalmente a los clientes por parte de los intrusos en materia de transporte.

La pasividad de la administración insular ante esta grave problemática es intolerable y se une a la deficiencia qué en general recibe el Sur de Isla de Tenerife y sus problemas propios derivados en muchas ocasiones de su naturaleza cómo importante destino turístico en Europa por parte del Cabildo Insular de Tenerife.

El colectivo Grupasca entiende qué con una auténtica implicación por parte del Cabildo de Tenerife a través de un servicio de inspección a la altura de las circunstancias con personal suficiente, medios apropiados y con una adecuada tramitación por parte de los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife se podría actuar de manera contundente contra el intrusismo, erradicando esta lacra que afecta de manera directa y especialmente al Sur de Tenerife.