“Nos encontramos en una situación insostenible y el Gobierno de Canarias va a tener que recurrir a decretos ley para sacar adelante los proyectos de estas inversiones”, aseguró. 

Para Coderch, la Ley 4/2017, con la que hubo mucho debate, no ha generado ninguno de los efectos perversos que supuestamente se preveían. Desde 2017 hasta hoy se han aprobado solo tres planes generales en Canarias, que son dos en La Palma (Garafía y Puntallana) y uno en Gran Canaria (Santa Brígida). El arquitecto recalcó que municipios tan importantes en Tenerife como Santa Cruz, La Laguna y Arona tienen un planeamiento completamente obsoleto.

Zona de Buzanada y Cabo Blanco, municipio de Arona. Foto Esteban Pérez

Respecto al resto del planeamiento urbanístico, como las modificaciones menores o revisiones parciales de los planes generales, o los planes parciales y especiales, consideró que las cifras también son absolutamente escandalosas, puesto que después de 2017 solo se han aprobado 15 de ellos (ocho en Tenerife, tres en Fuerteventura, dos en La Gomera y dos en La Palma), y “algunos meramente abordan cuestiones insignificantes”.

El experto en urbanismo recordó que, una vez aprobado el planeamiento, es necesario gestionarlo y advirtió que, aunque las iniciativas privadas han ido funcionando por la rentabilidad inmobiliaria que suponen para el inversor, “la falta de gestión pública es el mayor fracaso del urbanismo canario”. 

Sobre este asunto señaló que a pesar de haberse creado entidades públicas de gran envergadura que no paran de crecer (como GESPLAN o las Gerencias de Urbanismo de Santa Cruz y La Laguna), entre cuyas funciones estaba supuestamente la de gestionar suelo, “es manifiesta la falta de instrumentos de gestión urbanística de iniciativa pública que hayan salido adelante”. 

San Isidro, municipio de Granadilla.

Sin embargo, afirmó que la gestión del planeamiento es posible, para lo que citó el caso de San Isidro, en Granadilla, que gestionó su equipo, conjuntamente con la oficina técnica municipal, y “hoy por hoy es una ciudad muy digna desde el punto de vista de la urbanización y los equipamientos, como resultado de un proceso en el que el alcalde se reunió con propietarios de parcelas de 100 o 200 metros y los convenció de que cedieran el 20% para que la calle fuera un poco más ancha”.

Las causas

El arquitecto analizó las causas de esta parálisis y descartó que la legislación urbanística sea la responsable: “Pese a que hay cuestiones a corregir, básicamente los planes no están parados por culpa de la legislación”.  

Por el contrario, sí consideró “importante” la afección que la legislación sectorial estatal (Costas, Aeroportuaria, Defensa, etc.) tiene sobre el bloqueo del planeamiento. Según aseveró, el diálogo con estas instituciones es prácticamente imposible, dado que “aunque viajes a Madrid y te reciban de forma muy amable, te piden que dejes los documentos y te dicen que ya te contestarán”. Sin embargo, a pesar de que se trata de informes vinculantes que impiden continuar con la tramitación y aprobación de un plan, suelen no contestar en el plazo establecido (llegando a tardar varios meses o más), con respuestas muy rígidas y poco aclaratorias que se limitan a enumerar los artículos o las disposiciones legales de aplicación. Además, los tribunales siempre le suelen dar la razón a los dictámenes estatales, por mucho que no los hayan hecho en plazo.

Coderch añadió que ahora se está exigiendo también que todos los objetivos que planteaba la Ley de Costas sobre la servidumbre de acceso, tránsito y protección haya que hacerlas efectivos cuando se tramite el planeamiento. “El problema es que, si queremos hacer eso, el nivel de inversión pública para expropiar los suelos y hacer la obra para adecuarse a los objetivos de la Ley, hace insostenible el plan y, por lo tanto, no aprobable”, incidió. En este punto, recordó que un planeamiento para ser aprobado debe contemplar la capacidad financiera de la administración promotora para abordar económicamente las determinaciones del plan. Además, los tribunales siempre le suelen dar la razón a los dictámenes estatales, por mucho que no los hayan hecho en plazo. 

El arquitecto continuó afirmando sobre las causas que “cada vez se plantean niveles de excelencia mayores” en la legislación, pero sin que se concrete como han de ser reguladas o articuladas en un instrumento de planeamiento.

El arquitecto citó como ejemplo de indefinición el caso de los informes sobre el impacto de género, cuyo contenido frecuentemente se confunde con aspectos propios de la seguridad en el espacio público (parques, calles, etc.), que afecta no solo a la mujer sino a todas las personas, y en especial a otros colectivos vulnerables como niños y personas mayores.

Respecto a la accesibilidad, aclaró que en Canarias hay un problema claro e irresoluble, debido a que no se puede cumplir en muchos casos con la exigencia del 6% de pendiente máxima en los recorridos peatonales, aunque estuvo de acuerdo en que hay que buscar alternativas que maximicen la accesibilidad del territorio, recordó que muchos municipios cuentan con pendientes medias del 20%.  

Otro tanto comentó de las medidas sobre la reducción de la huella de carbono, para reiterar que está a la espera de que le aclaren una metodología para establecer medidas concretas que se puedan incorporar en el planeamiento. 

En definitiva, Coderch defendió que al planeamiento urbanístico no se le pueden seguir añadiendo aspectos que serían más propios de otros instrumentos, como los proyectos y ordenanzas de urbanización. 

Por otra parte, señaló que la evaluación ambiental tiene una incidencia “muy importante” en la paralización del planeamiento. De hecho, ha sido causa de anulación de planes generales como los de Santa Cruz de Tenerife, el Rosario, Arona o Los Llanos de Aridane.

En su opinión, desde el año 95 en Canarias ya había un reglamento autonómico del contenido ambiental en los planes de ordenación que estaba muy bien. Sin embargo, aunque lo contemplado en la Ley estatal 9/2006 no aportara diferencias importantes, los tribunales entendieron que esos planes no estaban adaptados a dicha ley, por lo tanto, fueron anulados sin entrar a valorar el contenido de estos.

El arquitecto sostiene que se ha generalizado para el planeamiento urbanístico una legislación que partió de la evaluación ambiental de proyectos, lo que ha supuesto la elaboración de documentos ambientales de gran dimensión que muchas veces no están en consonancia con el alcance del plan, y además a su vez supone el aumento de las fases de tramitación y, por lo tanto, más tiempo para la aprobación de este. 

Además, señaló que en la legislación vigente el órgano ambiental que tiene que pronunciarse sobre el plan sólo lo hace al final del proceso, cuando el ayuntamiento ya ha hecho la aprobación provisional del plan general, lo que puede ser seis u ocho años después de haberse iniciado el procedimiento. A este respecto, demandó un cambio legislativo para que el órgano ambiental se pronuncie en fases anteriores, sin perjuicio de que realice un chequeo al final.

También calificó de “disparate” que en ocasiones pueda decidirse la valoración del impacto mediante una matriz de sumas y restas en la que si supera el cinco está aprobado, cuando puede ser la afección a un solo factor ambiental el que suponga que no se deba aprobar porque el impacto es brutal. Con fórmulas o sistemas de evaluación similares se han realizado declaraciones ambientales como “poco significativas”, que sí que han generado un impacto importante.

Coderch consideró extremadamente importante la incidencia que ha tenido la judicialización del planeamiento de Canarias, aclarando que ha influido tanto a la clase política como al personal de la administración. Por un lado, destacó que algunos planes han sido anulados globalmente por incidencias menores, abogando por que, mediante una modificación de la Ley, este tipo de problemas puedan solventarse con la posibilidad de que sean anulados sólo parcialmente.

En el recuadro, Plan parcial del Mojón.

Otro de los factores que señaló como la raíz de estas anulaciones, son lo que llamó “buscadores de Wally”, quienes en algunos casos pueden ser gente que con criterio legítimo o en defensa del interés general buscan causas de anulación del plan porque entiendan que el plan en sí es un disparate, pero también suele ocurrir que un determinado promotor prefiera un plan anulado y esperar a que uno nuevo consolide una ordenación más favorable a sus intereses. En este sentido, apostilló que entre estos “buscadores” los hay que de manera absolutamente deshonesta recurren a chantajes o amenazas a los técnicos y personal del ayuntamiento si no se doblegan a sus intereses, lo que es extensivo con relación a las licencias urbanísticas. 

Sobre las anulaciones por procedimientos penales, aseguró que hay un desconocimiento bastante generalizado de los penalistas del derecho administrativo, afirmando que la complejidad del urbanismo hace necesario explicar los antecedentes, objetivos y razones por las que se hacen las cosas: ante un tribunal no es posible contestar con un lacónico sí o no, pero los jueces, fiscales y abogados, en muchos casos, entienden que no cabe la posibilidad de interpretar.

Asimismo, alertó sobre que, tal y como establece el Código Penal, informar favorablemente un plan puede conllevar pena de prisión si así lo determinan los tribunales, lo que no ocurre en caso de haber informado negativamente o cuando no se informa. Para el experto en urbanismo, esto tiene una transcendencia total, porque, a fin de evitar el potencial riesgo de condena, se prefiere dejar el expediente sobre la mesa o bien requerir “cada día una bobería mayor” para evitar tener que pronunciarse.

El arquitecto reflexionó que “la sentencia conocida como del Mamotreto ha hecho un daño horroroso, es el mantra de todos los técnicos de la administración”. Se trataba de un proyecto público desarrollado sobre suelo público y amparado por haber ganado un concurso internacional. Todo el problema estuvo motivado en un informe de Costas que no fue emitido en el plazo previsto, y por meros actos de trámite han sido condenados a la cárcel técnicos y políticos, explicó Coderch, quien reiteró que esta sentencia, que no corresponde a ningún supuesto de corrupción, ha hecho muchísimo daño en el proceder de la administración.

Respecto a la clase política indicó que sufren los mismos riesgos que los técnicos de la administración. Por otro lado, considera que el planeamiento ha dejado de ser atractivo en la disputa electoral al haberse asociado en el imaginario colectivo a la corrupción, y además sus tiempos de aprobación no encajan en los periodos de gobierno, con lo que pierden buena parte de su atractivo, debido a que los electores no valoran los esfuerzos si acaba aprobándose bajo el mandato de otro político. 

En relación con la participación ciudadana comentó que algunos gobernantes pretenden desviar la responsabilidad de sacar adelante un plan y sus determinaciones a lo que se diga en el proceso de participación ciudadana, asumiendo como propio lo que decidan los ciudadanos sin tener en cuenta el porcentaje de ellos que han participado en los diferentes procesos. En el planeamiento general no se puede huir de la responsabilidad de gobernar.

Coderch detalló que el urbanismo está someramente incluido en la formación universitaria, y sin embargo los técnicos, tanto públicos como privados, requieren de una formación multidisciplinar en la que hay que saber de todo: derecho, economía, temas ambientales, etc., además de los propios de la disciplina, por lo que denunció “la notable ausencia de técnicos cualificados”. 

De otro lado, destacó la falta de compromiso de una parte de los técnicos de las distintas administraciones, de su escasa conciencia de la obligación que tienen con los ciudadanos, “que son los que les pagan” y afirmó que “el vuelva usted mañana se está recuperando”, al que, si “le añadimos este ‘maravilloso’ sistema de la administración electrónica y del teletrabajo, el ‘vuelva usted mañana’ es no vuelva porque no estoy”. 

No obstante, sobre esta actitud de parte de los técnicos, reiteró el daño hecho por la judicialización del planeamiento y consideró que “actualmente nadie quiere interpretar nada, haciendo lecturas literales de la ley sin valorar los objetivos por los que se ha establecido la ordenación y habiendo desaparecido la posibilidad de razonar con las personas que informan”. 

Otra cuestión que calificó como muy importante es la desaparición, por jubilación, de los directores de departamento, “que realmente dirigían y conformaban una continuidad en la política municipal o insular, con independencia de los periodos electorales”. Para este experto en urbanismo, actualmente lo que hay son jefes que no dirigen ni corrigen los informes del resto de su equipo. Por ello, aunque negó que hablara de tecnocracia, fue rotundo al afirmar que no se puede gobernar sin técnicos.

La necesidad de un plan

El arquitecto ironizó con que parece que ya se puede vivir sin planeamiento y que se puede “vivir del urbanismo del humo”, pero, señaló, entre otras cuestiones, que es necesario tener un plan general para habilitar suelo que cubra la demanda de vivienda, especialmente de vivienda protegida, y también para el desarrollo de dotaciones públicas, tanto de uso comunitario como de infraestructuras, así como para introducir nuevas actividades productivas o consolidar determinadas actividades. 

Explicó, asimismo, que en el nuevo urbanismo se pide que las ciudades sean más inclusivas, y en las que no se diferencien los usos funcionales como la ciudad de la residencia, la del trabajo o la del ocio, donde se entiende que todo queda integrado de tal modo que se mejora la movilidad, eliminando o reduciendo los desplazamientos, haciendo las ciudades mucho más vivibles. Para esto, reiteró, hay que modificar los usos y esto es incompatible con la regulación que tienen muchos de los planeamientos actualmente vigentes.

Por otra parte, destacó que en algunos planes urbanísticos la cartografía empleada es tan antigua o imprecisa que se generan importantes problemas en la ordenación del plan, principalmente en la definición de las alineaciones, y eso que actualmente se dispone en Canarias de una magnífica cartografía, realizada por la empresa pública canaria GRAFCAN, con la que se podría actualizar y corregir errores. 

Otra de las causas que hacen imprescindible los nuevos planes generales es, para este experto, disponer de una adecuada armonización de la legislación urbanística con la sectorial estatal y con el planeamiento insular. De esta manera, se solucionarían muchos bloqueos derivados de las determinaciones contradictorias de dichos instrumentos. 

También apuntó que la tramitación y aprobación de los nuevos planes darían lugar a una mayor protección ambiental, habida cuenta del gran avance habido en la información y conocimiento de los aspectos ambientales que influyen de manera determinante en la ordenación del territorio.

Las alternativas

Coderch planteó algunas alternativas para salir de la parálisis, “siempre desde el pragmatismo”. En primer lugar, propuso recuperar la figura de la ordenación estratégica, que supone la posibilidad de ordenar sin estar sometido a un régimen jurídico de derechos y de deberes. Explicó que esto permite, por ejemplo, contemplar infraestructuras teniendo presentes los objetivos a medio y largo plazo, para que, cuando se haga la ordenación a corto plazo, no se dificulten aquellos objetivos. 

Otra de sus propuestas, “absolutamente imprescindible” es que, a nivel insular, se cuente con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales actualizado, que sería el instrumento de referencia y de obligado cumplimiento por todos los planes municipales y del propio Cabildo. 

La tercera propuesta en relación con el planeamiento municipal es la de separar la ordenación estructural de la pormenorizada. La ordenación pormenorizada podría desarrollarse en uno o varios documentos, separando aquellos ámbitos o temas más conflictivos, evitando con ello los contagios o demoras sobre la totalidad del término municipal. 

Según aseveró, estas propuestas tienen amparo en la Ley 4/2017, la Ley del Suelo de Canarias, que contempla la figura de la modificación menor.

Finalmente, defendió la necesidad de contar con órganos ambientales municipales, que garanticen una mayor agilidad ante el bloqueo y la lentitud del órgano ambiental autonómico, especificando que estos se encargarían de evaluar cuestiones menores como las modificaciones de una calle y otras cuestiones de índole municipal, sin clasificar nuevos suelos urbanizables, para lo que se seguiría necesitando del órgano regional en aplicación de la legislación vigente.