Con ello, el consejero insular despejó la duda sobre si el citado suelo -entre 4 ó 5 parcelas que podrían llegar a alcanzar unos 500.000 metros cuadraros- quedaba excluido o no del planeamiento municipal y a merced de las competencias urbanísticas del Cabildo de Tenerife. En ese sentido, Pérez destacó que la administración insular respetará, como no podría ser de otro modo, “las competencias urbanísticas municipales de esas parcelas de titularidad pública insular”, que en su momento se recogían como una Operación Singular Estructurante (OSE), en el PIOT.

Refiriéndose al Cabildo y a la desaparecida OSE que contemplaba el ordenamiento de unos 4 millones de metros cuadrados de suelo en Arona, Pérez ha querido dejar claro que “ahora nosotros no ponemos límites al desarrollo urbanístico del municipio”. Destacó también que entiende como algo “lógico que la pretendida ciudad de Cabo Blanco- Buzanada quede fuera del planeamiento insular”; una medida que,  en su opinión, “ha venido facilitada por la ley del suelo”.

Teniendo en cuenta la filosofía de la nueva ley del suelo que otorga plenas competencias urbanísticas a los ayuntamientos en materia de planeamiento, el consejero insular añade que “carecía de sentido y lógica” mantener en el PIOT la actuación para Cabo Blanco y  Buzanada, la cual se dio a conocer como la gran ciudad del Sur, con capacidad para unas 100.000 personas.

Con la nueva ley del suelo, entre otras medidas,  se elimina el paso de la aprobación provisional de los planeamientos municipales, lo que permitirá reducir tiempos y agilizar trámites. Establece también que cada administración será responsable de aprobar su planeamiento, de manera que son muchas las voces que consideran que se favorecerá las inversiones, dado que se simplificará también la burocracia y se conseguirá una mayor seguridad jurídica.