Las únicas viviendas de CC Arona acabaron con un edificio fantasma en La Camella y una sentencia de 2,7 millones
El grupo de gobierno de Arona responde a las declaraciones hechas por el portavoz de Coalición Canaria, y les recuerda que, la política que practicó al frente del Ayuntamiento, y como ejemplo más evidente fue la construcción de un edificio en La Camella cuya licencia otorgó este partido en suelo privado no recepcionado, lo que acabó con un edificio abandonado, que no se puede recuperar, y en el pago de una sentencia de 2,7 millones de euros a Visocan, entidad que hizo las viviendas.
El fiasco del edificio de La Camella es una de las sentencias a las que ha tenido que hacer frente en los últimos años Arona por convenios incumplidos heredados de la etapa de Coalición Canaria, cuyo importe total ha ascendido a más de diez millones de euros, que han salido del bolsillo de los vecinos.
Es, además, la única promoción pública con este partido al frente del municipio, ya que el resto han correspondido a gobiernos de otro signo.
El caso de La Camella se remonta a 2002, cuando el entonces gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribe con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo se cede para ello la parcela anterior y la corporación asume que removerá todos los obstáculos para que el suelo quede urbanizado y Visocan pueda poner a disposición de los usuarios esas viviendas.
Una licencia para construir viviendas en una zona sin urbanizar
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concede la licencia urbanística para la construcción de estas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo en la que se hace constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de gobierno de aquella época siguió adelante y dio el permiso.
Cuando las viviendas se terminaron y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las viviendas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.
