En el auto judicial se  acredita que no hay  ningún indicio delictivo que  sostenga la querella interpuesta por el comité de empresa del organismo y del Sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias.

El presidente insular, Pedro Martín, asegura que el auto judicial “demuestra que esta querella, presentada y liderada por José Luis Gutiérrez, forma parte de una estrategia malintencionada, iniciada contra el actual gobierno insular desde el comienzo del mandato, para frenar a toda costa nuestra gestión y va directamente en contra de los intereses de los pacientes del  Febles Campos, que son los principales perjudicados del inicio de este proceso judicial”.

Lamenta que “el representante del comité de empresa del IASS haya frenado con denuncias, el procedimiento  para que las personas usuarias del Febles Campos, tengan un lugar digno en el que se les pueda tratar con los requerimientos que necesitan”.

“Resulta sorprendente que José Luis  Gutiérrez no dijera nada en la etapa anterior, en la que hubo asuntos muy cuestionables. Estamos en otro tiempo.  Su estrategia es meter miedo a los trabajadores con amenazas  y a los políticos con denuncias. Con nosotros no funciona. Nos denunció, con argumentos inventados, porque nosotros queríamos un nuevo edificio donde atender con dignidad, a los mayores más vulnerables y en situación más delicada de salud. Me parece despreciable paralizar el traslado de los mayores a un nuevo Centro, solo para intentar forzar al Cabildo a que le otorgue privilegios personales dentro de la empresa”.

Por su parte la vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, incide en que los principales perjudicados son las personas mayores. “Lo único que ha conseguido esta querella es mermar la calidad de vida de estas personas y retrasar un año los trabajos que habíamos impulsado para dar una solución digna a los usuarios y usuarias de Febles Campos”.

Franquet recalca que “no vamos a cesar de trabajar para dar solución a este problema  y dar a los mayores del Febles Campos las mejores condiciones, y  lo vamos a hacer con el mismo rigor que hemos mantenido desde el inicio de este proceso, a pesar de la querella”.

Franquet pone en valor, en esta línea,  “el trabajo riguroso que están llevando a cabo los profesionales  del IASS, presentando todos los informes técnicos necesarios para hallar la mejor solución posible”.

El auto refrenda la decisión del actual gobierno insular de desestimar la alternativa planteada por el equipo del IASS del anterior mandato de adquirir por 29 millones de euros un edifico propiedad del empresario Antonio Plasencia.  Según se contempla en el texto “no parece ilógico pensar que al grupo de ese momento [grupo de gobierno actual] le albergaran  dudas en la adquisición de un inmueble  tan polémico dado el origen del mismo y la forma en que finalmente se incorpora al patrimonio  del Ayuntamiento de Santa Cruz, después de un largo proceso de negociación en el que se aporta como pago por parte de la responsabilidad civil del que fuera su propietario y también condenado e ingresado en prisión por esta causa”, en alusión al caso de las Teresitas.

Algo muy relevante es que en el auto se entiende, además, que el querellante, José Luis Gutiérrez, defiende los intereses del anterior Gobierno insular. Así, el escrito recoge que “parece trasmitirse que por la parte querellante únicamente se pone en tela de juicio la gestión, procedimientos, proyectos, obras y soluciones a este grave problema social promovidos por el equipo de gobierno contrario al que representa en esta causa la acusación particular”.