El presidente del Cabildo, Carlos Alonso y el consejero de Aguas, Manuel Martínez, mantuvieron hoy [jueves 24] una reunión con representantes de todos los municipios de la Isla donde les informaron de la situación actual. El acto también contó con la presencia del gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, y el responsable del área de Infraestructura Hidráulica, Lorenzo García.
Carlos Alonso señaló que “dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular se contempla el eje de infraestructuras y se hace referencia al Plan Hidrólogico Insular, que se desarrolla en cinco grandes líneas de actuación. La primera de ellas es asegurar el suministro del agua y la segunda de ellas está relacionada con el saneamiento y la depuración. Ambas competencias son municipales, pero la actuación en saneamiento es prioritaria porque debemos cumplir con la normativa europea”.
Manuel Martínez indicó que “el primer objetivo es determinar el nivel de implantación de la red de saneamiento de cada municipio, ya que en la actualidad hay ayuntamientos que no disponen de red o no disponen de ordenanzas ni prestan el servicio. Se trata de hacer un diagnóstico para poder planificar las actuaciones a corto, medio y largo plazo”.
Para Martínez “es importante saber las necesidades de cada ayuntamiento porque si bien hay realidades comunes, hay municipios con la población muy disgregada o con núcleos que ni siquiera tienen redes de saneamiento e incumplen la normativa. Nuestro objetivo es que todos los municipios de la Isla se ajusten a lo establecido en la Directiva Europea en materia de saneamiento y depuración”.
En ese sentido, el Consejo Insular de Aguas creará una comisión de trabajo integrada por los ayuntamientos –tanto por técnicos como políticos- a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para consensuar las actuaciones a realizar dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular aprobado por el Cabildo.
Los ayuntamientos deberán recabar la información sobre el estado de sus redes de saneamiento durante las próximas semanas, de tal forma que a finales de julio el Consejo Insular de Aguas pueda disponer de dicha información. A partir de ahí, se determinará el coste necesario para que todos los municipios cumplan con la normativa y buscar la financiación a través de fondos Feder, IGTE, fondos propios y del Plan de Cooperación Municipal.