El presidente insular, Pedro Martín, destacó que el año pasado la Corporación insular destinó 1.632.739 euros a atender a 3.812 personas sin hogar, “no obstante, a la luz de este estudio, hemos previsto una nueva línea de subvenciones, por valor de un millón de euros más, para intensificar nuestras políticas y seguir atendiendo a esta realidad, de la que se suele hablar muy poco y que nos preocupa muchísimo”. 

Pedro Martín hizo hincapié en que, “aunque esta no es una competencia exclusivamente insular, sino fundamentalmente municipal, el Cabildo no podía ser ajeno a esta realidad”. Por tanto, “seguiremos trabajando decididamente, no solo en el diagnóstico, que es fundamental, sino en la intervención, porque ahora ya tenemos información suficiente para seguir orientando nuestras líneas de trabajo”. 

La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, explicó que los datos de 2021 no se pueden comparar con los obtenidos en 2020, pues, por un lado, se ha duplicado el tiempo empleado para realizar el estudio (de seis meses a un año), y por otro, se ha movilizado a un equipo más grande, lo que ha permitido que el estudio tenga un mayor alcance.  

La conclusión, por tanto, es que una parte de las 1.000 personas sin hogar detectadas en 2021 ya vivían en estas condiciones cuando se hizo el primer informe, pero ahora, con el aumento de recursos, han salido a la luz. “En 2020 solo conocíamos la punta del iceberg, ahora, con este nuevo estudio, hemos conseguido profundizar un poco más y visibilizar muchos casos que estaban ocultos, por eso es tan importante que sigamos trabajando, porque solo desde el conocimiento podremos atajar esta situación”, apuntó la consejera. 

La responsable de Acción Social recordó que Cáritas, con 941.769 euros, es la entidad que más apoyo recibe del Cabildo para frenar el sinhogarismo, y puso en valor los diferentes proyectos en los que ambos organismos colaboran, como la Unidad Móvil de Atención en Calle, el programa de vivienda Base 25, el proyecto Atarraya y Barrios por el Empleo, con el que se consiguió insertar a 40 personas sin hogar en el mercado laboral. 

El Cabildo cuenta, además, con otros recursos residenciales para personas sin hogar: Piso Roble, para mayores sin hogar convalecientes (18 personas atendidas) y 6 pisos para jóvenes extutelados (51 personas atendidas), “pues aun siendo una competencia directa del Gobierno de Canarias, entendíamos que esos chicos y chicas habían estado con nosotros en el Cabildo y que el Cabildo no les podía dar la espalda”. 

Durante su intervención, el secretario general de Cáritas, Ricardo Iglesias, aseguró que “2021 ha reforzado la idea de que cada día hay más personas a las que la situación de exclusión dramática les acompaña día a día y que esas situaciones de crisis o emergencia no afectan de la misma manera a todas las personas. Es por ello que queremos agradecer al Cabildo de Tenerife su apuesta, un año más, por trabajar junto a Cáritas en favor de las personas no atendidas”.

Iglesias remarcó, asimismo, la importancia de este estudio, “una herramienta con la que el Cabildo y el resto de las administraciones podrán tomar las mejores decisiones estratégicas y hacer frente de manera efectiva y valiente a esta lacra social que nos acompaña”. 

Resultados del estudio

La coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate, desgranó los principales resultados del estudio, del que se desprende que el 42,8% de los casos detectados (1.173 personas) son consecuencia directa de la crisis derivada de la Covid-19, mientras que el 56,2% (1.565 personas) ya estaban en esta situación antes. Se observa, por tanto, una cronificación de la situación: el 62,9% de las personas lleva más de un año en exclusión residencial extrema y el 32,5% lleva, como mínimo, tres. 

El informe revela que el sinhogarismo es una realidad que afecta a todos los municipios de la isla, aunque de manera más significativa a la zona metropolitana (Santa Cruz y La Laguna) y los municipios turísticos de Arona, Adeje, Puerto de La Cruz y Granadilla de Abona. 

El 37,1% de las personas localizadas (1.017) duermen en la calle o en espacios públicos, al raso, en tiendas de campaña o en vehículos no habilitados para ello, mientras que el 15,8% (433 personas) vive en estructuras temporales y no convencionales (caravanas, cabañas, chabolas, cuevas y autoconstrucciones eventuales) que no cumplen con los criterios de habitabilidad. 

De las 2.738 personas detectadas, un 57,5% son españolas, frente a un 37,4% de origen extranjero, encontrándose en situación administrativa irregular solo un 12,4% de las personas. No obstante, estas últimas se ven afectadas por mayores dificultades y barreras administrativas para el acceso a derechos y la regularización de su situación.

La edad media de las personas en esta situación oscila entre los 35 y los 55 años, aunque ha aumentado el número de casos detectados entre los jóvenes de 18 a 25 años procedentes del sistema de protección de menores (7,8%), y los mayores de 65 años (154 personas), por no tener acceso a centros sociosanitarios ni ingresos suficientes que les garanticen una vivienda digna.

Por todo ello, desde Cáritas reclaman la implementación de políticas públicas reales que faciliten el acceso a una vivienda digna a toda la ciudadanía, pero especialmente a los colectivos más vulnerables, y proponen una serie de medidas de ámbito regional, como elaboración de un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en cada territorio, la paralización de cualquier tipo de desalojo sin la garantía de un alojamiento alternativo estable, la revisión del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (a fin de incorporar estrategias específicas de acceso para este colectivo), la inclusión de la perspectiva de género en la atención o la ampliación de la red de centros sociosanitarios, centros de día y alojamientos alternativos para no dependientes y dependientes. 

A nivel local también proponen, entre otras cuestiones, la creación de un censo actualizado anualmente y el diagnóstico de las personas en situación de exclusión residencial extrema, unidades específicas de atención vinculadas a los Servicios Sociales municipales, oficinas de orientación jurídico-administrativa para las personas extranjeras y no obstaculizar los procesos de empadronamiento de estas personas. 

El secretario reconoció, no obstante, “que el trabajo por resolver la situación de vulneración del derecho de acceso a una vivienda digna es una apuesta a largo plazo, y por ello, estas propuestas seguramente se mantendrán durante más tiempo. Aunque tenemos la firme esperanza de que podremos seguir dando pasos de la mano del Cabildo de Tenerife en promover los cambios necesarios para que nuestras propuestas se conviertan en agradecimientos”, concluyó.