Esta resolución da la razón a Unidxs Podemos en la denuncia que presentó contra Alonso por presentar durante la campaña (el pasado 26 de junio) un lote de guaguas de la empresa de transporte insular TITSA.

La directora insular de Recursos Jurídicos, Dolores Alonso, había avanzado en la sesión plenaria insular de octubre que Alonso no iba a recurrir la resolución aunque está disconforme con la misma “para no judicializar el procedimiento” y para “no postergar más este asunto”. Esta infracción, según ella, tiene “un marco estrictamente jurídico” y “no ha habido un uso indebido de recursos públicos”, por lo que “no cabe inferir responsabilidades políticas”.

Sin embargo, como explica el consejero de Podemos en el Cabildo tinerfeño Roberto Gil-Hernández, la resolución de sanción de la Junta Electoral evidencia que este asunto “sí tiene claras aristas políticas: el de la utilización de recursos públicos para obtener rédito político aunque sea saltándose la legislación vigente, algo tan habitual en gobernantes como los de CC”, añade, “que cargos públicos como Alonso llegan a creer que están por encima de la legalidad”. 

Apunta en ese sentido que la resolución de la Junta Electoral Central, al igual que en autos anteriores recurridos por Alonso, “es tan clara y tan de sentido común, que no deja a lugar a dudas sobre la irregularidad cometida por Alonso al utilizar la compra de guaguas públicas en beneficio propio”. Y critica “la falta de humildad que está demostrando el presidente del Cabildo”, quien “prefiere cuestionar a la Junta Electoral dando a conocer su disconformidad con su resolución y, ni siquiera en primera persona, sino usando intermediarios, que admitir que cometió un error”.

El consejero de Podemos destaca que la Junta Electoral ha sido contundente al concluir que de las alegaciones presentadas por Carlos Alonso “no se desprenden argumentos ni motivos para revocar el acuerdo”, pues ha quedado probado que participó en la presentación de nuevas guaguas adquiridas por una empresa del Cabildo y que habló tanto del logro de esa adquisición como de planes futuros de mejorar el servicio con la adquisición de 29 vehículos más para el Norte de la Isla. “Por lo que tampoco se sostiene la excusa de Alonso y de su directora insular de que no recurre para no judicializar la causa, sino que salta a la vista que no lo hace porque sabe que tiene las de perder”.

La parte positiva del “lamentable espectáculo” que ha dado el máximo representante de la corporación insular tinerfeña, agrega, “es que en futuras citas electorales esta resolución le sirva de ejemplo tanto a él y a su partido como al resto de formaciones con responsabilidades de gobierno a la hora de aprovecharse irregularmente de los recursos públicos y de su gestión como cargos públicos al servicio de la ciudadanía, no de su interés partidista y personal”. Celebra también que aunque el importe de la sanción de la sea tan modesto, “también consuela que, al menos por una vez, este tipo de ilegalidades se paguen del bolsillo del cargo público infractor y no de los fondos de la institución que representa”.