“Que el servicio sea de competencia estatal complica la disponibilidad de medicamentos, la derivación de pacientes penitenciarios a consultas externas especializadas del SCS y el tratamiento mismo de enfermedades, provocando un deterioro importante en la calidad del servicio a de la comunidad penitenciaria de las Islas”, explica.

Para corregir esta disfunción, la formación morada defenderá en el pleno del Cabildo de este viernes una moción que propone que la institución insular inste al Parlamento de Canarias y a su Consejo de Gobierno a iniciar las negociaciones necesarias para que la sanidad penitenciaria de las Islas pase a depender del Servicio Canario de Salud “de manera inmediata”. Además, para que esta transferencia se realice con plenas garantías para la correcta prestación del servicio, la moción insta a que sean fijados los plazos, dotación presupuestaria y medios precisos, tal y como plantea también la Proposición No de Ley que presentó Podemos en el Parlamento de Canarias y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.

Hormiga apunta que esta transferencia competencial a la Comunidad Autónoma de Canarias debió hacerse efectiva desde diciembre de 2004, “pero ha habido una parálisis práctica en la asunción del servicio que es preciso corregir de manera urgente, como requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria en Canarias”. 

Detalla que la población reclusa en el CIS Mercedes Pinto, más conocido como 'Tenerife 1', y en La Esperanza (conocido como 'Tenerife 2'), está integrada por 963 hombres, 97 mujeres y un niño, en total, 1.060 personas, un alto porcentaje de las cuales padece enfermedades crónicas que precisan unos tratamientos muy específicos y que a menudo resulta complicado prestarles en la actualidad. Pone como ejemplo que el 18'5 por ciento de esas personas padece Hepatitis, el 3,3 por ciento HIV y que alrededor de un 45 por ciento del total son pacientes que deben recurrir al consumo de psicofármacos. A fecha de hoy, añade, están ingresados en la enfermería penitenciaria tinerfeña 43 hombres y nueve mujeres.

Su atención sanitaria está a cargo de seis médicos, diez enfermeros, cinco auxiliares de clínica y un farmacéutico. Esa plantilla funcionarial, que depende directamente del Ministerio de Sanidad, agrega, está muy por debajo de lo que estipula la Relación de Puestos de Trabajo fijada para las penitenciarías de la Isla. Expone que la plaza de subdirector médico está sin cubrir, que debería haber un total de diez médicos y sólo hay seis, y que sólo están cubiertas 10 de las 13 plazas de personal de enfermería. 

La consejera de Podemos concluye subrayando el alto porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas, la escasez de personal sanitario que tienen asignado, lo complicado que resulta que dispongan de la medicación y de los medios materiales que demandan por depender de una administración lejana, y lo complejo que es que los pacientes penitenciarios sean derivados a consultas e intervenciones en el Servicio Canario de Salud. Con este panorama, comenta, “podemos hacernos una idea de la gravedad de la situación sanitaria que se está viviendo en los centros penitenciarios de Tenerife y Canarias”.