Otra de las novedades que traerá consigo ese acuerdo tomado durante la sesión plenaria del 30 de octubre con el apoyo de todos los grupos políticos del Cabildo, como destaca el portavoz del Grupo Insular de Podemos, Fernando Sabaté, es que en el trabajo técnico-político que se debe realizar para concretar las acciones a tomar en materia de contratación responsable “se debe contar con el asesoramiento de las organizaciones sindicales presentes en esta corporación, en sus entidades participadas y en todas las empresas a las que la administración insular ha subcontratado servicios esenciales”. 

En cuanto al proceso de participación y debate social que debe guiar la articulación clara de un modelo de contratación ejemplar que vaya mucho más allá de la solvencia económica o las relaciones políticas de los adjudicatarios, Podemos también ha logrado abrir una puerta a la participación de la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral Anagos, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), de las organizaciones de mujeres que trabajan en materia de Igualdad Género y, además, de los Colegios Profesionales más directamente relacionados con esta cuestión.

Aunque representantes de CC y PP matizaron durante el debate previo a la adopción de este acuerdo que el Cabildo de Tenerife trabaja ya en ese tipo de políticas, Sabaté argumenta que basta echar un vistazo al acentuado proceso de precarización laboral que se advierte fácilmente entre los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos insulares subcontratados “para darse cuenta de que queda mucho por hacer”. Y este acuerdo sobre contratación social y medioambientalmente responsable, reseña, “puede ayudar mucho en ese sentido, pues obliga al Cabildo a compilar, sistematizar y, sobre todo, profundizar en estas cuestiones elaborando un reglamento y, además, implicando en su elaboración a un montón de colectivos”. 

En ese sentido, el compromiso del Cabildo es compilar en el plazo de un año la reglamentación ya adoptada con anterioridad “y mejorarla, con todas las garantías jurídicas y de gestión, a partir de los criterios planteados” en el nuevo acuerdo sobre contratación responsable aprobado el pasado viernes. Los trabajos deliberativos para la puesta al día de dicha reglamentación serán realizados con el personal técnico de una Comisión Interdepartamental que podrá recibir propuestas de todos los grupos políticos de la corporación y, a partir de ahora, el mencionado asesoramiento sindical y aportaciones de colectivos sociales y Colegios Profesionales.