Hormiga explica que su grupo político tiene constancia de que existen tarjetas de crédito en cuatro empresas públicas: Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife (SPET), Bioavance, Auditorio de Tenerife y en la empresa de transporte público insular TITSA. Pero aclara que “puede haber tarjetas en más sociedades del Cabildo”. 

Detalla que la primera constancia de que hay altos cargos de sociedades del Cabildo que pueden gastar dinero público y disponer de efectivo mediante tarjeta de crédito “la tuvimos para el caso de TITSA. Nos pareció tan raro –remarca–, que de inmediato preguntamos por escrito si era cierto que existía ese método de gasto en efectivo, cuál es el total de tarjetas de crédito que hay en esa empresa pública, quién o quiénes las tienen y, además, pedimos la relación de pagos realizados con ese recurso”. Y apunta que “curiosamente, nos respondieron verbalmente que sí existen esas tarjetas en TITSA, pero más de un mes después de presentar nuestras preguntas por registro, aún no hemos recibido ninguna información sobre el uso que se les está dando”.

Por otra parte, agrega Hormiga, “mientras examinábamos los informes económicos emitidos por el área de Intervención a finales del año pasado, descubrimos que hay tarjetas de crédito en tres sociedades más y, curiosamente, que entre ellas no figura TITSA, con lo que es probable que el departamento que fiscaliza el dinero del Cabildo no tenga constancia de que también en esa empresa hay quienes tienen acceso a dinero en efectivo y, lo peor, que puede haber más tarjetas de crédito no fiscalizadas en otras sociedades insulares”.

Dado que el propio interventor ha alertado sobre el oscurantismo que rodea a esas tarjetas, apunta la consejera insular de Podemos, “hemos optado por pedir la relación de todas las tarjetas de crédito expedidas a altos cargos de todas las sociedades del Cabildo y la relación de pagos o retiradas de efectivo que se haya podido realizar con ellas”. En cuanto a la advertencia formulada desde Intervención hacia las tarjetas de crédito concedidas al personal de varias sociedades, incide en la gravedad de que este área de fiscalización haya puesto de manifiesto que “no se ha podido comprobar a qué personas se encuentran adscritas ni la finalidad de su uso”.

Con lo que está pasando en Sinpromi y en la Institución Ferial, dos sociedades investigadas en los tribunales por presuntos desfalcos de alrededor de 1,7 millones de euros en el primer caso y un mínimo de 120.000 euros en el segundo, y tras el  despilfarro que casi arruina a las sociedades de los tres casinos públicos de la Isla, “no es admisible que haya altos cargos insulares con capacidad para gastar dinero público de forma opaca y eventualmente arbitraria, ni es nada recomendable que ni el área de Intervención de Fondos, ni los grupos de la oposición, ni la propia sociedad tinerfeña desconozcan el uso que se hace de esas tarjetas en particular y del dinero público en su conjunto”.