Fernando Sabaté, portavoz del grupo insular de Podemos, detalla que la moción que ha presentado ya por registro para debatir y votar en comisión el 24 de mayo, plantea la realización de una consulta ciudadana entre la población censada en la zona más directamente afectada por la propuesta, la de los barrios del suroeste del área metropolitana tinerfeña. Previamente a la consulta, la formación morada propone realizar un periodo de difusión de información y debates reglados en los que se puedan expresar y contrastar con la máxima calidad y transparencia las distintas posiciones y argumentos”. 

La moción también insta al Gobierno insular de CC-PSOE a recabar el apoyo necesario de las administraciones competentes, municipal, canaria y, en su caso, estatal, “para la realización de esa consulta ciudadana con todas las garantías legales y democráticas”: voto en urnas transparentes en un espacio público y durante un plazo de tiempo reglado, verificación de que las personas que voten estén registradas en el censo, presencia de personas que auditen todo el proceso y, en particular, el recuento del resultado.

Sabaté recuerda que al calor del intenso debate público generando en torno a ese proyecto, además de varias manifestaciones y protestas sociales, la entidad que agrupa a los comerciantes, pequeños y medianos empresarios de La Gallega, Alagpyme, ha recogido casi 7.000 firmas contra la ampliación de la línea 2. Y que, por otra parte, la parte interesada en la promoción del tranvía, Metropolitano [sociedad del Cabildo en la que no se ha dado representación a Podemos], ha exhibido en prensa los resultados de una encuesta que da un 70 por ciento de apoyos al proyecto frente a un 30 por ciento de rechazos.

Como es habitual en este tipo de discusiones, apunta, se plantean argumentos a favor y en contra, y las distintas partes tratan de legitimar sus posiciones acudiendo a reales o supuestas muestras de apoyo social, “pero, en cualquier caso, los debates públicos constituyen una oportunidad para la profundización y la maduración democrática cuando se pueden contrastar datos y argumentaciones de calidad, y cuando existen mecanismos reglados y transparentes de deliberación cívica y toma de decisión colectiva”. 

En ese sentido, resalta el representante de Podemos, “nos encontramos ante la oportunidad de utilizar el marco legal disponible para favorecer desde la administración insular el desarrollo de un debate colectivo mucho más transparente y participativo durante un periodo razonable” para, a continuación, “ensayar por primera vez en Tenerife una experiencia de consulta a la ciudadanía afectada por una cuestión que despierta una legítima controversia”.
Señala que la Ley Canaria 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana “mandata mecanismos avanzados de participación popular que tenemos la oportunidad de poner en práctica” (aunque ha tenido muy poca aplicación durante sus casi seis años de vigencia). Y que el propio Cabildo de Tenerife cuenta con un Marco Insular para la Participación Ciudadana que, en casos como éste, podría demostrar si es un instrumento con utilidad real.