El Consistorio ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno este refuerzo que permite mejorar la atención de los servicios sociales municipales a los ciudadanos con menos recursos. 

Esta aprobación supone un aumento en la cuantía que destina a las prestaciones sociales el Gobierno municipal, que durante el primer semestre del año invirtió más de 3 millones de euros en tipo de ayudas económicas para cubrir las necesidades de más de 4.000 hogares.  

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, señala que “siguiendo nuestro firme compromiso de estar al lado de las personas más desfavorecidas, seguimos incrementando los recursos municipales para garantizar que los vecinos y vecinas que están pasando por dificultades económicas cuenten con el apoyo de la administración para que puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida”.  

Vargas ha explicado “es fundamental que lleguemos a las familias que en estos momentos, como consecuencia de la crisis de la Covid-19, están en una situación complicada”. Por eso, ha señalado, “solo en el primer semestre ejecutamos el 75% del presupuesto que invertimos en prestaciones económicas el año pasado, que fue de 4 millones de euros. Esto evidencia la capacidad de respuesta de este Ayuntamiento y nuestra prioridad, que es que las personas estén en el centro de la gestión”. 

Con estas prestaciones, el Consistorio tiene el fin de apoyar la inserción de personas vulnerables y prevenir situaciones de exclusión de ciudadanos cuyos ingresos se han visto mermados como consecuencia de la crisis sociosanitaria. 

Durante el primer semestre del año se dedicó 2,6 millones de euros a prestaciones económicas para cubrir situaciones de emergencia social o especial necesidad para más de 3.000 hogares. 

A estas prestaciones hay que sumar los 710.500 euros destinados a las tarjetas monedero para hacer compras en el supermercado para otras 1.000 familias, un nuevo recurso con el que el Consistorio busca no estigmatizar y dar una mayor autonomía. 

El refuerzo de 1,6 millones de euros aprobado este jueves proviene del plan de subvenciones del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos, un plan destinado a favorecer la implementación de actuaciones, de carácter extraordinario, enmarcadas dentro de las prestaciones básicas de Servicios Sociales municipales, para la mejora de la calidad de vida de los sectores de población más desfavorecidos.