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miércoles, 12 de junio de 2024 20:22h.

“Es injusto que a mi padre le hayan quitado la prestación del volcán por resembrar una platanera que aún no da ingresos»

La erupción volcánica de 2021 sepultó el medio de vida de muchas personas en el Valle de Aridane. El cultivo del plátano es el motor de la economía insular. Y ha sido el sustento siempre de la familia de Patricia Suárez, una joven residente en El Paso, cuyo padre se ha quedado sin la prestación extraordinaria por cese de actividad como autónomo, porque, aprovechando una ayuda del Gobierno canario, sembró una pequeña platanera a mediados de 2023, que es apenas el 25% del terreno que antes cultivaba, pero en realidad no obtendrá ingresos hasta más de un año después de la siembra.

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Patricia Suárez, hija de un platanero autónomo que perdió bajo la lava en Todoque el 75% de sus terrenos e instalaciones agrícolas, cuenta la angustiosa situación económica que vive desde julio de 2023

 

Pero ese porcentaje tampoco le alcanza para abonar los gastos de la cuota de autónomo, máxime con los precios de miseria que vienen cobrando en los últimos tiempos los productores de plátano.

La normativa vigente es así de insensible con la realidad de una parte de los agricultores afectados, como si sembrar, recoger la cosecha y obtener beneficios fuera todo cosa de coser y cantar y todo el mismo día.

Patricia relata a ElValledeAridane.com, la web solidaria de la asociación Tierra Bonita,el sufrimiento de su familia no solo por el cruel volcán que acabó con su finca principal, que incluía un invernadero y un estanque en Todoque, sino porque han tenido que lidiar con la burocracia y una regulación que no se adapta a toda la casuística de los agricultores afectados.

Tal es así que invita a otras personas que estén igualmente afectadas por este mismo problema a que se pongan en contacto con ella por email para que se unan más voces a esta reivindicación: [email protected]

En julio, su familia solicitó la renovación semestral de la referida prestación extraordinaria y se encontró con que ya no tenía derecho porque la Seguridad Social considera que al volver a sembrar su platanera sobreviviente en Tazacorte ya ha retornado a su actividad normal. Así que desde entonces el padre de Patricia, sin ingreso alguno, tiene que hacer lo imposible: pagar su cotización mensual de autónomo, los abonos y el agua para la platanera y los gastos normales de una casa.

“Mis padres no llegan a final de mes, la prestación no era mucha, 700 euros mensuales, pero ya sin este ingreso mensual es imposible sobrevivir”, atestigua Patricia, que es asesora laboral de profesión y se conoce la legislación al dedillo.

Desde esa fecha, cuando los funcionarios estaban de vacaciones y los nuevos gobiernos aún estaban sin nombrar o recién designados, Patricia no ha parado de enviar escritos a todos los organismos públicos y de reunirse con los cargos públicos que ha podido, exponiendo esta injusticia y la necesidad de un cambio de normativa o alternativas para resolver esta situación que atraviesan también otras familias de agricultores a las que, de algún modo, les da voz al salir a la palestra denunciando este problema.

El listado de instituciones y personas con las que ha contactado es sonrojantementelargo y sigue sin una solución: en el caso del Gobierno estatal, comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Ministerio de Seguridad Social, Delegación del Gobierno en Canarias; en el Gobierno canario, Consejerías de Presidencia, Agricultura y Economía; Viceconsejería de Reconstrucción de La Palma, direcciones generales de Agricultura y Autónomos; en el Cabildo palmero, Consejería de Agricultura, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Federación de Empresarios de La Palma, las asociaciones de agricultores ASPA y PALCA; y el Ayuntamiento de El Paso, donde residen los padres de Patricia.

«Al Gobierno canario no se le ocurre alguna solución alternativa», comenta Patricia, «y tampoco tiene claro a qué consejería le corresponde gestionarlo, si a Agricultura o Economía; además, el proyecto de Presupuestos para 2024 ya están casi cerrado, y no da tiempo para incluir nuevas propuestas; de manera que solo me comunican que busque a más agricultores en la misma situación, cuando es el propio Gobierno el que tiene los datos de fincas afectadas (a través del Registro Único), las fincas asignadas a cada agricultor y el proceso de reconstrucción (en la Consejería Agricultura)».

“El Gobierno canario lo que me dice es que intentará buscar una solución, pero no llega, mientras mi familia sigue en esta situación económica tan precaria”, se lamenta Patricia, quien protesta porque “la ley no contempla la situación de la agricultura ni las consecuencias del volcán, ya que en el caso de mi padre, el 75% de su actividad la ejercía en la finca que quedó bajo la lava, y sin embargo por intentar cultivar el 25% ya la Seguridad Social considera que ha recuperado la normalidad”.

Esta prestación extraordinaria para autónomos, según explica esta hija de agricultores, se creó por la pandemia de la covid-19, en la que la actividad agrícola no se vio afectada, y su actual regulación deja totalmente indefensos a afectados del volcán.

Al analizar las medidas aplicadas durante la pandemia con las adoptadas en la catástrofe, Patricia echa en falta bonificaciones en las cuotas de autónomos en los cuatro meses siguientes a la no renovación de la prestación de cese de actividad, y también recuerda que durante los tres primeros meses de esa emergencia sanitaria, el Gobierno canario ingresó a los afectados un importe referente al 30% de la base de cotización de los autónomos, para paliar las consecuencias económicas del covid-19.

A esta situación de penurias económicas para esta familia se una la incertidumbre sobre otras ayudas, como la de la pérdida de renta por la cosecha de 2022 para las explotaciones damnificadas por la catástrofe volcánica, que no se han abonado aún en el momento de realizarse esta entrevista, y que fueron anunciadas en agosto pasado por el comisionado estatal para La Palma.

Confiesa Patricia que la erupción supuso una tortura para su familia. Fue el 27 de septiembre, 8 días después de que explotara el volcán, cuando supieron que su finca de Todoque ya estaba bajo la lava, y no podían ir a la que sí salvó, en Tazacorte. “Vivíamos también con esta la incertidumbre de si se salvaba, pero escapó por 200 metros de la colada”, relata esta joven.

Hasta fines de febrero de 2022, es decir en torno dos meses y medio después de acabada la erupción, no pudieron llegar hasta esta finca superviviente. Y no fue hasta octubre de 2022 cuando se recuperó el agua de riego, pero ya la platanera se había secado y era necesario replantarla, para lo cual hasta 2023 no contaron con subvenciones.

El deseo de esta familia es poder reconstruir las fincas en el mismo sitio y con las mismas condiciones que antes de la erupción. “Fuera de La Palma me dicen que piensan que ya nos hemos recuperado, pero yo les digo que en el caso de la agricultura queda mucho por hacer”, concluye Patricia.

La incertidumbre sobre las decisiones políticas es a veces tan mala como la de la erupción. Este mes de diciembre el Gobierno estatal abordará la posible prórroga a este tipo de prestación económica para autónomos afectados por el volcán, porque se activan por semestres.

Pero el objetivo de Patricia es que se modifiquen los criterios en la normativa estatal para que su padre pueda volver a tener acceso a esta protección económica, y evitar que más agricultores se ven afectados por la misma razón que su progenitor en enero de 2024.

«Necesitamos que este tipo de prestación se adapte a las necesidades reales de los sectores económicos afectados, y al propio proceso de reconstrucción de la isla, porque actualmente están limitando el derecho a su acceso con el único propósito de tener menos personas a las que abonarlas y justificar así la necesidad de eliminar esta

A su juicio, «un claro ejemplo de darle más importancia a la burocracia que a apoyar a los afectados del volcán lo encontramos en la propia gestión de esta prestación de cese de actividad: mi padre ha tenido derecho a percibirla por justificar su suspensión de actividad como consecuencia de la erupción; pero ahora la Seguridad Social nos rechaza la prestación por haber resembrado una pequeña parte.  Sin embargo, si solicita la prestación por cese de actividad por reducción de ingresos, la burocracia hace que también nos la denieguen, porque desde junio de 2022, solo se la dan, se las prorrogan, a quienes ya la vienen percibiendo».

«No permitir el cambio de una prestación a otra es un claro ejemplo de no apostar por una recuperación económica y social de la Isla de la Palma», lamenta esta hija de agricultor, indignada por las dificultades administrativas para que familias en la situación en que se encuentra la suya puedan salir adelante tras la catástrofe volcánica.