El Ayuntamiento de Mogán, que preside la alcaldesa Onalia Bueno, ha expresado su intención de, en cuanto reciba la resolución judicial de manera formal, defender ante el juez su ordenanza para que las medidas cautelares de suspensión de la misma puedan ser retiradas y, en consecuencia, continuar cobrando a las personas alojadas en el municipio 15 céntimos por día.

La FEHT argumentó que la ordenanza impone cargas excesivas a los establecimientos turísticos, dificultando su cumplimiento y generando un grave perjuicio económico. Además, denunció la existencia de “innumerables irregularidades” en el proceso de aprobación, lo que, a su juicio, viciaba de nulidad la norma municipal.

El TSJC, en su auto del 12 de marzo de 2025, ha estimado la solicitud de suspensión inaudita parte, es decir, sin necesidad de escuchar previamente al Ayuntamiento, debido a la especial urgencia del caso. La Sala considera que la ejecución de la ordenanza podría causar un daño irreparable a los empresarios del sector y que la suspensión no afecta gravemente al interés público.

La decisión judicial obliga al Ayuntamiento de Mogán a detener la aplicación de la tasa y le concede un plazo de tres días para presentar alegaciones si lo considera oportuno. Mientras tanto, la tasa turística queda en el aire, a la espera de una resolución definitiva sobre su legalidad.

Ayuntamientos como La Laguna o La Oliva ya habían solicitado información a Mogán con la intención de aplicar también una tasa similar. o incluso superior, como tenía previsto Mogán para el año 2026, al incrementar los 15 céntimos hasta 1,14 por noche y turista.