En este sentido, desde CC-PNC se han llevado a cabo varias propuestas, como la de que dicha ordenanza de un plazo “de dos años máximo a los titulares de los locales de restauración y comercio del municipio para presentar la solicitud de ocupación de suelo de dominio público, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido el cual sin solicitar dicha autorización o habérsele denegado por no cumplir con los requisitos previstos en esta Ordenanza, se procederá por la Policía Local a la retirada de las instalaciones y mobiliario que ocupen en el espacio de dominio público”.

La portavoz nacionalista, Ángel Cruz, denuncia que esta ordenanza “llega tarde y cuando ya se han cometido en el municipio de Candelaria numerosas irregularidades en la instalación de elementos de mobiliario en dominio público, que incumplen con los requerimientos de la Ordenanza que se prevé ahora aprobar. A lo que se suma el hecho de que la inmensa mayoría de estas instalaciones carecen de licencia de ocupación de dominio público”.

Para Cruz, el Ayuntamiento de Candelaria “debería tener en cuenta y valorar el hecho de que los comerciantes y restauradores del municipio, con licencia vigente o sin ella, han realizado en muchos casos costosas inversiones en elementos de mobiliario en suelo de dominio público y que, el adaptarse a los nuevos requerimientos, supondrá un nuevo e importante desembolso que la mayoría de ellos se ven imposibilitados en estos momentos de realizar”.

“No hay que olvidar que estamos padeciendo una grave crisis económica a causa del COVID19, encontrándose el comercio y la restauración entre los sectores económicos más afectados por el cierre y las restricciones de esta pandemia, lo que hará sumamente difícil que buena parte de los titulares de estos locales de restauración y comercio puedan hacer frente al coste de adaptar las instalaciones a los nuevos requisitos que les impone la Ordenanza”, critica.

Para agravar más su situación, “la disposición transitoria única de la nueva ordenanza, apenas dará margen de tiempo, máximo de cuatro meses, si sumamos el mes que se concede para solicitar la licencia más los tres meses de los que dispondrá la administración para responder, a los titulares de los sectores del comercio y la restauración, que son los que más solicitan la ocupación del dominio público, para que se adapten a los requerimientos establecidos en la misma”, explica la portavoz de CC-PNC.

Por todas estas razones, los concejales de CC-PNC en el Ayuntamiento de Candelaria consideran necesario que el margen temporal para la adaptación de las instalaciones a la nueva Ordenanza de ocupación de dominio público se amplíe a dos años, “un margen temporal que consideramos suficiente para que este importante sector económico del municipio se pueda recuperar del impacto tan negativo que les ha supuesto la crisis ocasionada por el COVID19”.

Otra de las propuestas importantes que plantea Coalición Canaria será que se cree, con cargo al Remanente de Tesorería, una subvención destinada a mobiliario y cartelería que ayude a comerciantes y sector de hostelería en su adaptación a la nueva ordenanza.

Otra de las propuestas de los nacionalistas en Candelaria está referida a las competencias, y donde CC-PNC propone que el Ayuntamiento “estará facultado en todo momento para la inspección y control de las ocupaciones, instalaciones y actividades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público del término municipal de Candelaria”.

Asimismo, plantea que recaiga en “la Policía Local y la Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Candelaria ejecutar la inspección y control de las ocupaciones, instalaciones y actividades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público del municipio”.

En cuanto a los plazos de vigencia, Cruz detalla que su formación propone que “los titulares de la autorización o concesión otorgada para la ocupación del dominio público vinculada a actividades hosteleras o comercial, estarán obligados a exponer en lugar visible la autorización, así como el plazo de vigencia de la misma que deberá siempre estar especificado, llevando a su vez un Libro de Registro de las renovaciones de las licencias e inspecciones, sellado por el Servicio de Inspección Urbanística de Candelaria, aunque sean tácitas”.

“Este requisito no sólo dará seguridad a los ciudadanos en cuanto a la inspección y control que se realiza por parte del Ayuntamiento sobre las instalaciones que ocupan el dominio público, además garantiza el cumplimiento de la normativa de esta Ordenanza por parte del titular de la autorización o concesión y, por otro lado, ayuda en la labor de inspección y control que se llevará a cabo por la Policía Local y el Servicio de Inspección Urbanística del municipio”, asevera la edil de Coalición Canaria-PNC. 

Por último, plantean que para llevar a cabo estas tareas de inspección y control se creará en la Oficina Técnica de Urbanismo el Servicio de Inspección de Vía Pública dotado con profesionales cualificados en la materia, que estarán encargados de la inspección periódica de estas autorizaciones o concesiones.