Afectando principalmente a las pymes, microempresas y autónomos legales, que sufren una tremenda competencia desleal, perjudicando la creación de nuevo empleo, poniendo en peligro la supervivencia de muchas empresas, afectando a la seguridad en la prevención y salud laboral y propiciando una mala imagen del sector de la construcción, que no se siente, en absoluto, identificado con estas prácticas ilegales y fuera de todo control.  Además, propicia la picaresca de los que actúan en este ámbito, que no cuentan con la formación, profesionalidad y capacitación necesaria para ejecutar las obras.
 
Los ciudadanos tienen que saber que pueden llegar a tener responsabilidad penal, ante cualquier accidente que se produzca durante la realización de la obra que, por cierto, son más frecuentes, porque no incorporan ninguna medida de seguridad o salud laboral en sus trabajos. En la mayoría de los casos son personas que cobran alguna prestación social de desempleo y mediante los “cancamitos”, especialmente los fines de semana, llegan a cobrar incluso más de lo que está establecido en el Convenio Provincial. Como consecuencia, por muchas facilidades e incentivos, que se les proponen desde la Administración, para que se incorporen a la legalidad, los rechazan, porque viven muy cómodamente establecidos en la insolidaridad y el egoísmo.
 
Oscar Izquierdo en nombre de la Patronal de la construcción, felicita a la Inspección de Trabajo y al ICASEL, por sus continuas iniciativas para minimizar el efecto negativo que produce la economía sumergida en nuestro sector. Además, con el fin de sumar y aportar, FEPECO sugiere las siguientes propuestas:
 
1.- Que todos los ayuntamientos exijan, en la Comunicación Previa de Obras que tienen que presentar los ciudadanos, al querer ejecutar alguna obra menor de reforma o rehabilitación, la notificación de la empresa que va a ejecutar dicha obra, con la aportación de toda la documentación pertinente de su legalidad, sin la cual, dicha obra, no podría comenzar. 
 
2.- La desgravación fiscal, sin límites del coste, de todas aquellas obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, que se ejecuten en cualquier tipo de edificación. Por lo que sería necesario que la empresa aportase la correspondiente factura reglamentada, que además serviría como garantía para solucionar posibles defectos en la ejecución de las obras.
 
3.- Que la Policía Local y la Policía Autonómica, participen activamente, en la comprobación o solicitud de documentación a la empresa o personas que sean vistas en lugares públicos, susceptibles de estar ejecutando alguna obra dentro de la economía sumergida, para dar cuenta inmediatamente a la Inspección de Trabajo.