De esa forma, evitaríamos incendios como el que ocurrió recientemente en un garaje de La Laguna y que provocó el desalojo de más de cien viviendas y varios locales”, advierte el presidente de Asinelte, Julián Santos.

“Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que subvencione o ayude a las comunidades de vecinos para que cumplan con la normativa, recordando que estas son responsables civiles subsidarias de todo lo que ocurra en las zonas comunes de sus edificios y garajes. De hecho, a pesar de que están obligadas a realizar revisiones periódicas de sus instalaciones eléctricas, muchas veces no cumplen con esa normativa y, en caso de que se produzca un siniestro, las instalaciones no actúan como es debido, incluidas las de telecomunicaciones y detección y extinción de incendios”, expone el presidente de Asinelte.

Julián Santos resalta también que “hemos planteado a la Administración que amplíe las actuaciones dentro del plan de inspecciones anual, de manera que se pueda controlar realmente quién cumple con los contratos de mantenimiento que la ley obliga. Y teniendo en cuenta que sí se deben de realizar inspecciones periódicas cada diez años en los edificios de más de 100 kw, que aproximadamente correspondería con edificios de más de veinte viviendas. Asimismo, con el cambio de contadores digitales se han tenido que realizar reformas en las centralizaciones y adaptarlas a la reglamentación, pero aun así hay muchas que todavía se encuentran en precario”.
 

 Quejas contra Endesa Distribución

Por otro lado, el máximo responsable de Asinelte ha trasladado al Gobierno de Canarias una serie de quejas contra Endesa Distribución: “Parece que la compañía está viviendo un conflicto laboral interno que perjudica seriamente a clientes y profesionales. Hay constantes retrasos a la hora de poner en marcha instalaciones, afectando directamente a la economía, ya que muchos comercios e industrias no pueden abrir por la falta de suministro eléctrico. Otro grave problema que detecta nuestra asociación es la nula comunicación de los profesionales del sector con la empresa distribuidora”.

Finalmente, Julián Santos detalla que “estos malos servicios que está prestando la compañía se aprecian, al mismo tiempo, en el pésimo mantenimiento de sus propias instalaciones en muchos polígonos y naves industriales, un aspecto que puede acarrear graves consecuencias. Incluso, hay clientes que han protestado porque Endesa Distribución les exige que paguen por adecuar las instalaciones de redes de baja tensión, cuando eso correspondería a la propia compañía.

En definitiva, hemos propuesto al consejero que apruebe una norma sobre la calidad de tales servicios que obligue a la compañía distribuidora a tener presencia en las islas no capitalinas, a ofrecer una respuesta más rápida a clientes y usuarios, así como a disponer de más recursos humanos que eviten los numerosos retrasos que detectamos en trabajos de alta y baja tensión”.