Si analizamos el número de páginas de los boletines oficiales, que generan el complejo entramado económico legislativo al que tienen que enfrentarse el tejido empresarial, y la sociedad en general para sacar adelante sus proyectos y sostener la viabilidad de sus empresas, en nuestro archipiélago se produjo un descenso del 6%, sin embargo esto supuso un esfuerzo menor a la media nacional, en la que la reducción llegó a ser próxima al 9%.

En las Islas Canarias, durante el año de la pandemia se publicaron 42.055 páginas en el Boletín Oficial, a lo que hay que sumarle las 793 nuevas normas de distinto rango publicadas a nivel nacional y los 2.030 actos jurídicos europeos.

Lo anterior se traduce en una excesiva carga burocrática por parte de las empresas al tener la obligación de controlar e interpretar las distintas normas, lo que conlleva dedicar recursos a tareas no productivas, perjudicando su competitividad, cuando no se contradicen entre sí, incumpliendo el pacto de la administración pública con los agentes sociales, de eliminar dos leyes por cada ley aprobada.

Este acuerdo, además, descargaría de procedimientos judiciales las interpretaciones contradictorias entre el sector público y privado, agilizaría el número de procedimientos judiciales y ayudaría a viabilizar los proyectos empresariales así como la colaboración público privada.

Es necesario actuar cuanto antes para eliminar las cargas burocráticas innecesarias, que generan un coste y esfuerzo adicional para las empresas y los ciudadanos. Ya que una legislación más simplificada contribuye a la mejor comprensión y aplicación de la misma favoreciendo la seguridad jurídica.

En estos momentos en el que las ayudas públicas comienzan a anunciarse en los boletines oficiales esta demanda empresarial ayudaría a que tanto los fondos europeos como nacionales y autonómicos pudieran llegar a las empresas en el menor tiempo posible y que no se queden, simplemente, en un engrosamiento coyuntural de su tesorería, sino que se aplicaran al fin último de la recuperación, que es la inversión, la generación de riqueza y el empleo en Canarias, que permita recuperar la confianza de empresarios y familias.

En definitiva, legislar debe servir para alcanzar el crecimiento sostenible y no suponer un obstáculo que perjudique a la sociedad en su conjunto, para ello se debe trabajar en una verdadera simplificación administrativa que incluye mejorar la situación en el ámbito normativo, buscando especialmente reducir la producción y el número de normas para que las que se publiquen configuren una legislación simple, moderna, estable y eficiente y de esa manera junto con la culminación del proceso de vacunación, alcanzar la ansiada recuperación económica.