Cuando Hugo Chávez se hizo con Agroisleña —una compañía de capitales y dueños españoles con 50 años de historia en Venezuela— ya acumulaba millas expropiando a lo Robin Hood; es decir, sin pagar y sin ningún procedimiento legal. Extensos hatos, miles de hectáreas de tierras, empresas de todo tipo, edificios.

Chávez firmó el decreto principios de octubre de 2010, casi a la medianoche, mientras hacía uno de sus habituales contactos telefónicos en los programas del primetime de la televisora estatal VTV. “Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. “Se acabó el tiempo de Agroisleña. Ahora será de propiedad popular”.

El comandante de la revolución bolivariana entonces alegaba luchar contra un supuesto oligopolio para garantizar la seguridad alimentaria. La decisión tomada regresa ahora como búmeran, con una deuda más que debe pagar el Estado venezolano.

Esta semana, el tribunal de arbitrajes internacionales del CIADI —Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, instancia del Banco Mundial— falló a favor de la compañía fundada en 1958 por Enrique Fraga Alonso, un canario que como muchos españoles emigró a Venezuela a finales de los años cuarenta del siglo pasado.

Ahora Venezuela debe pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos más de 1.400 millones de euros como compensación por el incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela que protege las inversiones españolas en el país sudamericano, al que se aferró la empresa para reclamar por sus bienes con una demanda que introdujo en 2016, tal como informó El País.

Al momento de su expropiación, Agroisleña tenía 52 años de fundada en el país, más de 60 tiendas, silos, centros de distribución, cerca de 3.000 empleados y un conglomerado de empresas asociadas al negocio agrícola como Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego. Así proveía y daban asesoría técnica a más 18.000 pequeños y medianos productores, que representaban 70% del sector. Para el agro venezolanos hay un antes y después de Agroisleña.

Tras la ocupación por el Gobierno de todas las instalaciones de Agroisleña vino el cambio de nombre. Agropatria asumió el control de la importación de todos los insumos del sector sacando provecho de los dólares preferenciales de los años del control de cambio que rigió por 15 años en Venezuela y se convirtió en una centrifugadora de corrupción.

Chávez prometió la venta de semillas y fertilizantes a precios más bajos y ocurrió lo que pasó con todas las empresas tomadas por el chavismo. Los productos empezaron a escasear, la producción del campo se fue en picada hasta que Venezuela terminó en 2020 en la lista de las Naciones Unidas de los países del mundo que enfrentan crisis alimentarias junto con Yemen, Siria y Haití.

Luego de que Agropatria naufragara, Nicolás Maduro dio luz verde en 2013 para que una empresa de la Fuerza Armada Nacional, Agrofanb, entrara en el terreno. Con el monopolio militar de ambas estatales la situación no mejoró.

Según datos de Fedeagro, la patronal de los agricultores, revelan la caída de la producción en una década. En 2009, un año antes de la expropiación de Agroisleña, se producían 17 millones de toneladas métricas de los principales rubros: maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, café, papa, cebolla, tomate, girasol y pimentón. Para 2020 se producía casi seis veces menos, tan solo 3 millones de toneladas métricas.

La decisión del CIADI ocurre días después de que se conociera que el centro comercial Sambil Candelaria, una enorme edificación en el centro de Caracas, propiedad de empresarios de origen judío y expropiada en 2006, regresó a sus dueños.

Maduro ha puesto la reversa a la política de tomas y ocupaciones de la propiedad privada que marcaron el llamado socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Desde hace un par de años, el Gobierno ha comenzado a privatizar algunas de las más de 500 empresas que posee como parte del viraje obligado por la debacle económica del país petrolero.

El caso del Sambil sería atípico, porque es el primero que regresa a sus dueños, aunque no han trascendido los detalles de esa negociación. Muchas otras empresas han pasado a otras manos, en muchos casos de capitales vinculados al chavismo, bajo la sombra de la ley antibloqueo aprobada en 2021 que pone un velo de confidencialidad a todas estas transacciones.

Hasta el año pasado el Gobierno venezolano había hecho más de 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba más 30.000 millones de dólares (27.400 millones de euros) solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, un centro de investigación económica local, sin incluir los compromisos con bonos de PDVSA.

Entre los más costosos están los de las mineras canadienses Gold Reserve y Crystallex. Con Agroisleña también hubo intentos de negociación, pero el pleito finalmente ha desembocado en el CIADI y abulta una monstruosa deuda para el futuro de un país quebrado.