La diputada nacional del Partido Popular Ana Zurita vistió la semana pasada Granadilla, junto los integrantes del PP del municipio tinerfeño, Marcos González y Marcos Antonio Rodríguez, con la intención de explicar las medidas que incluye la Ley Anti Ocupación que el Partido Popular defenderá en el Congreso, “con el objetivo de proteger la propiedad privada, frente al preocupante incremento de la ocupación en nuestro país, que en los últimos 5 años ha crecido un 40%”. Según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, se producen 48 usurpaciones de vivienda al día en nuestro país. Se calcula que alrededor de 120.000 viviendas están ocupadas en España en este momento.

Tenerife no ha sido ajeno a ese incremento de la ocupación ilegal, especialmente en los municipios del Sur de la Isla y el área metropolitana, a pesar de que el Ministerio del Interior señala que Canarias es la comunidad autónoma donde ha descendido el número de ocupaciones ilegales. Zurite incide en que “nosotros entendemos que no son datos reales”, y pone de manifiesto que “la lentitud de la justicia favorece que un afectado por una ocupación ilegal prefiera recurrir a soluciones extrajudiciales antes que afrontar años de demora y daños económicos a las víctimas”.

La diputada nacional del Partido Popular explica que “en la Comisión de Vivienda del Congreso, nuestra formación política ha planteado una Ley que contemple medidas efectivas contra este fenómeno, que atenta directamente contra la propiedad privada, perjudicando gravemente a los propietarios, que deben enfrentarse a importantes desembolsos económicos y largos procesos judiciales para recuperar sus propiedades”.

En esta Comisión, “hemos puesto sobre la mesa la necesidad abordar las consecuencias de la ‘inquiokupación’ (inquilinos que dejan de pagar la renta, convirtiéndose en ocupas), reconociendo esta práctica como un delito, ya que la actual legislación favorece este fenómeno”.

Zurita explicó que “la Ley que propone el Partido Popular pivota sobre cuatro grandes ejes: el desalojo de los ‘okupas’ en menos de 24 horas, recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles, la prohibición de que los ‘okupas’ se puedan empadronar en la vivienda ocupada y el endurecimiento de las penas de ‘okupación’ si se trata de mafias”.

Para Ana Zurita, “es estrictamente necesario que el Gobierno de España reaccione ante una realidad que supone un drama para cientos de miles de ciudadanos, que viven con miedo a perder sus casas, en la gran mayoría de los casos, producto de toda una vida de esfuerzo y sacrificio”.