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jueves, 20 de junio de 2024 00:33h.

La jueza ha impuesto al asesor de Mena, Nicolás Jorge una fianza de 109.602 €

Se declara abierto el juicio oral contra el exalcalde González Cejas y seis exediles de Granadilla

El Juzgado de Instrucción 3 de Granadilla de Abona declara abierto el juicio oral en dos de las cinco piezas que integran una causa en la que están acusados el exalcalde Jaime González Cejas (PSOE), así como otros seis exconcejales de este municipio tinerfeño, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

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Juzgados de Granadilla de Abona. Foto Esteban Pérez

En los autos dictados el pasado 30 de septiembre, la jueza Dolores Gutiérrez, tras 14 años de instrucción, ha declarado abierto de juicio oral por la pieza separada número 3 y  también se desbloquea la  número 4, en la que únicamente está procesado el exconcejal del PSOE Nicolás Jorge, actual coordinador de Gabinete del alcalde de Arona, José Julián Mena.

Los hechos fueron denunciados en el año 2007, y la causa sobreseída, aunque se reactivó por decisión de la Audiencia Provincial, por lo que el proceso ha estado jalonada de numerosos recursos y contratiempos que han retrasado la instrucción.

La acusación popular, Alternativa Sí Se Puede por Tenerife​ formuló escrito de acusación en los siguientes términos, contra:

“1.- D. FRANCISCO JAIME GONZÁLEZ CEJAS:

a.- por el delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, del número 5 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

b.- por el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal, del número 9 de la conclusión tercera, la pena de UN AÑO de prisión, MULTA de CUATROCIENTOS MIL EUROS, y SEIS AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, o alternativamente un delito de negociaciones prohibidas del artículo 439 del Código Penal, a la pena de VEINTICUATRO MESES MULTA con cuota diaria de 20 euros, y CUATRO AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales incluidas las de la acusación popular.

2.- D.JORGE FIDEL RODRÍGUEZ GASPAR, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 1, 5, 6 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

3.- Da. ANA ESTHER FLORES VENTURA, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 2, 4, 5 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

4.- D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CEJAS, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 5 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

5.- D. NICOLÁS JESÚS JORGE HERNÁNDEZ, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 2, 4, 5, 6 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

6.- D. RUFINO J. ACOSTA ÁLVAREZ, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 2, 4, 5, 6 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

7.- Da.ANA MARÍA CASIMIRO PÉREZ, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.2 del Código Penal, de los números 2, 4, 5 y 8 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

8.- Da.NAYRA GUZMÁN HERNÁNDEZ, por cada uno de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo del artículo 320.1 del Código Penal, de los números 3 y 7 de la conclusión tercera, las penas de DOS AÑOS de prisión, DIEZ AÑOS de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

9.- D. MANUEL PEDROUZO RAÑA Y D.ALBERTO MOURE RAMA, por el delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, del número 10 de la conclusión tercera, las penas de UN AÑO de prisión, y MULTA de CUATROCIENTOS MIL EUROS, y accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena y costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

SEXTA.- De la responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el valor del exceso de edificación autorizada, con la que se enriquecieron los empresarios favorecidos, con más los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ”.

El Ministerio Fiscal formuló acusación en los siguientes términos:

1) Contra Jorge Fidel Rodríguez Gaspar, Ana Esther Flores Ventura, José Antonio González Cejas, Nicolás Jesús Jorge Hernández, Rufino Acosta Álvarez, Francisco Jaime González Cejas, Ana María Casimiro Pérez y Nayra Guzmán Hernández, como autores de un delito continuado de prevaricación urbanística realizado por autoridad o miembro de organismo colegiado del artículo 320.2 en relación con los artículos 404 y 74 del Código Penal, vigente al tiempo de realizar los hechos, a la pena de un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 10 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, por designación, por elección local, autonómica, estatal y europea, así como el abono de las costas procesales; y B) Contra Nayra Guzmán Hernández del delito por un delito continuado de prevaricación urbanística de funcionario público del artículo 320.1 del Código Penal en relación con los artículos 404 y 74 del Código Penal, vigente al tiempo de realizar los hechos, a la pena de un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 10 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, por designación, por elección local, autonómica, estatal y europea, así como el abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, interesa el Ministerio Fiscal que la entidad mercantil VIMÉDANO SL sea condenada a título de partícipe lucrativo, al abono de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, y como responsable civil, por las edificaciones/construcciones autorizadas por los integrantes de la Comisión de Gobierno/Junta de Gobierno local encausados, y que supusieron para dicha persona jurídica la obtención de importantes cantidades económicas por la venta de un mayor número de viviendas construidas, con relación a lo permitido por el instrumento urbanístico vigente y de aplicación.

No ha lugar a que la acusación se dirija contra Manuel Pedrozo Raña y Alberto Moure Rama como autores de delito alguno, sino únicamente a los efectos de responsables civiles como partícipes a título lucrativo, junto con la empresa VIMÉDANO SL.