Granadilla urge al Gobierno canario a incrementar el número de plazas escolares y la infraestructura educativa en el municipio
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Educación cuya responsable es Yanira González, insta a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a llevar a cabo los procedimientos necesarios para el aumento de plazas escolares y de la infraestructura educativa en el municipio, con el fin de dar cobertura real a la demanda actual y a la saturación que padecen en la actualidad.
La moción aprobada hoy en pleno pide la redacción y la ejecución de los proyectos de nuevos centros, para los cuales se puso suelo en medianías y el litoral a disposición del Ejecutivo regional desde 2018.
Yanira González argumenta que la oferta educativa pública en Granadilla de Abona no cubre la demanda actual y destaca el gran crecimiento poblacional en los últimos años, siendo la población infantil y juvenil en esto momentos superior a 10.000, lo que se traduce en un considerable número de alumnos y la “urgente” necesidad de nuevas plazas escolares y de instalaciones. “A ello se suma, y así lo traslada la comunidad educativa, que la elevada densidad de estudiantes compromete de manera significativa el uso de espacios colectivos como las áreas de informática, biblioteca, gimnasia y patios, entre otros lugares” agrega la concejala.
En la moción se expresa que la saturación de los centros es una realidad y así se le ha hecho saber en reiteradas ocasiones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, tanto en educación infantil, primaria como en secundaria obligatoria, con el fin de que se puedan cumplir los estándares de calidad propios del siglo XXI. También se especifica, respecto al CEIP de Charco del Pino, que desde hace un década está cedido un terreno por el Ayuntamiento para la ejecución de un nuevo colegio y el anterior equipo directivo ya reivindicaba la construcción del centro desde antes de 1994, y del que existe un proyecto en la Consejería desde inicios de la década de 2000.
En cuanto al CEIP Los Abrigos, desde 2018 se ha trasladado información a la Consejería para ampliar las plazas, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo ningún trámite, y que, además, se disponía de más de 9.000 metros cuadrados para un Instituto, dentro del plan parcial Aguadulce. Además, se ha solicitado ampliar el IES Médano, cuyo proyecto fue aprobado en 2020, llevándose a cabo diferentes prospecciones del suelo para comprobar que la edificación era viable y para el que luego no se continuaron los trámites necesarios para su ejecución. Asimismo, desde 2019 se puso suelo en San Isidro a disposición del Gobierno canario para realizar nuevos centros educativos.
Aparte de las ampliaciones necesarias, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento ha trasladado las demandas hechas por los diferentes responsables de los centros educativos del municipio, desde educación infantil y primaria hasta los institutos, reivindicando las obras del CEIP La Jurada por las deficiencias en su construcción y las humedades, la estanqueidad que se produce y el estado en que se encuentran los techos de colegios y comedores en pequeñas y escuelas rurales.
Escuelas Infantiles. Otra moción de carácter educativo llevada a pleno es instar al Gobierno canario a que, dentro del Plan Estratégico para el primer ciclo de Educación Infantil en Canarias 2022-2025, se incluyan los centros privados de educación infantil en la oferta pública de plazas de 0 a 3 años. En definitiva, se pide que se anticipen a las necesidades de la población creando nuevas plazas, tanto a través de los centros educativos de la Consejería como en las escuelas infantiles de titularidad privada, garantizando así el acceso universal a dicha etapa.
Becas. Desde la Concejalía de Educación se pide al Gobierno de Canarias a que se mitigue un error cometido con las becas de estudio general para estudiantes de estudios postobligatorios y de necesidades específicas de apoyo educativo por parte del departamento regional, que no lo tramitó en tiempo y en forma ante el Ministerio. El problema se agrava en el caso de becas a alumnos con necesidades especiales, al destinarse el dinero al abono de terapias, lo que impide la evolución socioeducativa de estos menores.