Según consta en el informe de valoración de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, la trabajadora debe disponer de las tardes con el fin de cubrir las necesidades de la menor, que se encuentra en situación de características especiales.

Ambos portavoces afirman que la respuesta dada por la empresa pública a la solicitud de conciliación de la trabajadora es impropia de una empresa seria, puesto que "básicamente lo que le han dicho es que se busque la vida porque no van a adaptar sus horarios.”

Los ediles señalan además que a este caso hay que sumarle el reciente despido de otro trabajador por estar de baja médica, y que coincide que también había solicitado la conciliación. Para Miranda y García, estas decisiones están enmarcadas en una estrategia clara de PP y CC que pretende “amedrentar a los trabajadores, estableciendo un régimen de terror en el entorno laboral.”

Los ediles han señalado que los trabajadores de SERMUGRAN se han visto obligados a recurrir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos, todo ello debido “a la incapacidad y falta de sensibilidad del Presidente de SERMUGRAN, Marcos González (PP) y la vicepresidenta, Candelaria Rodríguez (CC) con dos trabajadores que solo quieren poder conciliar su trabajo y sus vidas.”

Miranda y García aseguran que esta decisión supone “un ataque directo a los trabajadores públicos que han estado en primera línea durante la pandemia.”