Estas viviendas, que fueron puestas en el mercado bajo el régimen de arrendamiento con opción a compra, fueron alquiladas por muchos vecinos y vecinas que vieron en ellas una oportunidad de acceder a una vivienda digna a precios asequibles. Pero desde hace meses, sus inquilinos viven en un estado de angustia permanente tras recibir cartas en las que la empresa pública SERMUGRAN les comunica que, si no formalizan la compra de la vivienda antes del 12 de septiembre, deberán abandonarla sin ningún tipo de alternativa habitacional.

Según la portavoz socialista, Jennifer Miranda, el problema radica en que “la mayor parte de los arrendatarios están en situación de especial vulnerabilidad, o son personas dependientes o de avanzada edad por lo que, aunque quieran comprarla, la posibilidad de que un banco les conceda una hipoteca es prácticamente inexistente, de hecho muchos de ellos ya han recibido la negativa de los bancos y esto lo sabe el ayuntamiento”.

Esta actuación de la empresa pública, presidida por D. Marcos González, concejal del Partido Popular, y Dña. Candelaria Rodríguez de Coalición Canaria, responde a la finalización de los subsidios para el pago del préstamo que pesa sobre las viviendas y que provenía del Instituto Canario de la Vivienda que sufragaba parte de la operación de endeudamiento. Finalizado el periodo de 10 años, la empresa municipal pretende proceder a la venta de los inmuebles para liquidar el préstamo y ejecutar el desahucio de aquellas personas que no puedan afrontar la compra de las mismas.

Para Jennifer Miranda, la solución a este grave problema pasa por mantener en régimen de alquiler a todas aquellas personas que no puedan acceder a una hipoteca “evitando desahuciar a familias que pueden y quieren seguir pagando por su vivienda, pero a las que el banco no concede una hipoteca, garantizando así que no se verán en la calle de aquí a unos meses”.

Las 76 viviendas, al ser de protección oficial, no solo tienen limitado su precio de venta sino que existen requisitos que deben cumplir las personas interesadas en su compra, como el de estar inscritos como demandantes de vivienda o no superar un determinado umbral de ingresos. Con estos requisitos, según Miranda, puede ocurrir que, una vez puestas en el mercado, otras personas quieran comprarlas y tampoco tengan acceso a una hipoteca, lo que, según sus palabras “podría dar lugar a una situación en la que se desahucian a familias enteras para dejar vacías 76 viviendas públicas”.