El pasado mes de enero llegaron las dos primeras condenas que le dan la razón a la empresa y que fueron tratadas en la junta de gobierno güimarera el pasado 29 de enero. En la primera, del TSJC del 5 de enero, se recoge facturas 2021-2019 por importe de 250.937,65 euros. En la segunda, del 21 de enero, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, las facturas a pagar por el consistorio totalizan 264.038,33 euros. A esas dos cantidades habrá que sumarle una tercera factura que todavía no ha llegado al Ayuntamiento, que al final, pese a los reparos expresados por secretaría e intervención, se verá obligado a desembolsar más de un millón de euros, cuando el expediente de la obra de emergencia solo recogía un pago de 342.000 euros y un período de obras de cuatro meses.

El resultado de estas sentencias contrarias a los intereses municipales se deben, en gran medida, a la declaración en sede judicial del encargado de firmar los decretos de emergencia y desalojo de Las Bajas, o sea, Airam Puerta, quien dio veracidad a la versión de la empresa, pese a la falta de un proyecto técnico y certificaciones de obra, lo que dejaba en el aire la justificación del gasto público.

"El grupo de gobierno ha defendido la intervención argumentando que la urgencia de la situación requería una actuación inmediata. No obstante, este tipo de medidas excepcionales no eximen al ayuntamiento de cumplir con la normativa vigente en materia de contratación pública, donde se exige una fiscalización rigurosa de los recursos empleado", señala Raquel Díaz, del Partido Popular, quien habla de "una gestión opaca y negligente. Esto evidencia una falta de control absoluto por parte del Ayuntamiento".

No obstante, el alcalde actual, Gustavo Pérez, trasladó en la  junta de portavoces del jueves pasado el expediente de Las Bajas en que "el Ayuntamiento actuó en todo momento de manera correcta".

Mas vallado

El Ayuntamiento de Güímar procedió al final del pasado verano a un nuevo vallado -uno más- del camino de Las Bajas, impidiendo con ello el acceso de la veintena de vecinos a sus viviendas, sujetas a un desalojo decretado hace tres años para realizar unas obras de emergencia que iban a durar cuatro meses y que llevan paradas desde septiembre de 2021.

El Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz rechazó en agosto de 2024 el recurso de una decena de vecinos y apoya las medidas del consistorio para garantizar la seguridad.