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jueves, 28 de marzo de 2024 01:27h.

CCOO impugna ante la Audiencia Nacional el Real Decreto-Ley que convirtió en estructurales los recortes educativos

Requiere su derogación o suspensión sine díe por considerar que las medidas recogidas eran temporales, transitorias y con un fin socioeconómico concreto. Seis años después, y en un contexto de crecimiento económico, su aplicación habría dejado de tener justificación.

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Rueda de prensa CCOO Enseñanza Canarias sobre la impugnación del Real Decreto-Ley 14/2012 de racionalización del gasto educativo

El argumento utilizado por el Gobierno para aplicar estas medidas de racionalización y austeridad al servicio público educativo consistió en exponer que: "Las medidas que se adoptan en este real decreto-ley resultan imprescindibles para cumplir con la senda de consolidación fiscal fijada y con el compromiso de reducción de déficit de la Unión Europea, por lo que concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a este instrumento jurídico."

La Federación de Enseñanza de CCOO, una vez superadas esas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, ha impugnado ante la Audiencia Nacional la vigencia y aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012 ante el silencio administrativo del Ministerio de Educación, al que el sindicato realizó un requerimiento previo.

El decreto de los recortes supuso un duro varapalo para el sistema educativo español. Entre otras medidas de carácter excepcional, en la enseñanza no universitaria el Gobierno del PP aumentó el número de estudiantes por aula, incrementó la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional.

La ampliación de la jornada lectiva semanal a 20 horas lectivas en secundaria y otros cuerpos así como de la jornada de permanencia y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, provocaron la destrucción de 32.801 plazas de trabajo en apenas un año y medio (en Canarias algo más de 1.500 plazas en ese tiempo); las jornadas parciales crecieron un 30 % y la temporalidad se disparó, haciendo que, en la actualidad, uno de cada cuatro docentes se encuentre en situación de interinidad, siendo mayor esta cifra en las islas.

Junto al Real Decreto-Ley 20/2012, el Real Decreto-Ley 14/2012 dificultó gravemente la autonomía de las administraciones educativas y, entre otras cosas, imposibilitó la convocatoria de plazas que permitieran continuar con las tareas docentes iniciadas por el profesorado con contrato temporal, sin tan siquiera tener en cuenta el calendario escolar.

En el ámbito universitario, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente. La dedicación docente puede incluso duplicarse en función de la actividad investigadora, lo que repercute negativamente en la carrera y promoción profesional de un elevado número de docentes funcionarios y, consecuentemente, en sus retribuciones.

En definitiva, los recortes supusieron un duro ataque a la educación española. De ahí que, en defensa de la calidad del profesorado y de la educación en su conjunto, CCOO haya demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de Derechos Fundamentales, por vulneración del derecho a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica del que goza todo ciudadano, y le requiere la derogación o suspensión sine díe del Real Decreto-Ley 14/2012.

Seis años después, y en un contexto de crecimiento económico reconocido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, la Federación de Enseñanza de CCOO argumenta que los recortes eran temporales, transitorios y con un fin socioeconómico, y que en la actualidad han desaparecido las razones económicas que los motivaron. Por tanto, estos pueden entenderse derogados por la propia Ley Presupuestaria.

CCOO viene solicitando a los diferentes gobiernos autonómicos que se sumen a esta iniciativa de denuncia de la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012 y que apuesten por una mayor y mejor financiación de la educación como servicio público esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria.