En su intervención, Dávila advirtió que las sentencias judiciales que se han producido hasta el momento tras la demandas de estos titulares de suelo turístico, y que han sido ratificadas por el Tribunal Supremo, “no reconocen el derecho de los demandantes a recibir compensaciones millonarias, sólo obligan al Gobierno de Canarias a tramitar de oficio los expedientes que en 2009 fueron objeto de silencio administrativo.

Aun así, la consejera insistió en que “en el caso hipotético de que finalmente haya que indemnizarles, el Gobierno vigilará que las cuantías sean las que les corresponden por justicia y que los posibles perjuicios sobre los interesados no estén sobrevalorados”.

Rosa Dávila recordó que las reclamaciones se realizaron en el marco del artículo 17.1 de la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

En ese artículo se contemplaba un periodo de seis meses para que los propietarios cuyos suelos habían quedado desclasificados en la norma anterior del 2003, y sobre los que existían algunos proyectos pudieran, recalificar el suelo.

“El silencio administrativo una vez finalizado el plazo provocó que los titulares de los suelos optaran por reclamaciones que fueron desestimadas por la administración, haciendo que interpusieran recursos contenciosos-administrativos ante la justicia”, informó la consejera.

Detalló que de los 54 expedientes administrativos incoados tras la entrada en vigor del artículo 17.1, han llegado hasta hoy un total de 37, que son sobre los que el Gobierno de Canarias tiene que reiniciar el procedimiento. 

Para finalizar, la consejera confirmó que la situación creada con estas sentencias viene a dar la razón al actual Gobierno de Canarias sobre los riesgos que derivan de la maraña normativa vigente en materia de ordenación del territorio, algo que justifica que es hora de abordar una iniciativa como la futura Ley del Suelo. 

123 millones de euros más

Rosa Dávila también recordó anunció hoy que en las próximas semanas se remitirá al Parlamento un proyecto de ley de crédito extraordinario que tiene unos objetivos muy claros: abonar la mitad de la paga extra de 2012 a los empleados públicos y reforzar la dotación presupuestaria de los servicios públicos esenciales, caso de educación, sanidad y otras políticas sociales. 

“Serán 123 millones de euros que se sumarán a las cuentas de la Comunidad Autónoma para  2016 gracias a la actualización de la regla de gasto y a la ampliación del objetivo de déficit -dijo la consejera- lo que permitirá aumentar el límite de gasto y así mejorar las condiciones de vida de los canarios”.