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miércoles, 01 de febrero de 2023 16:17h.

Denunciamos a los gobiernos español y canario ante la Comisión Europea por vulnerar el derecho comunitario en materia de vivienda

En la mañana de este miércoles 23 de junio, tres colectivos sociales (la Plataforma 29E, Derechos y Acción Social y El Pueblo Tiene Hambre), un partido político (Recortes Cero), una concejala (Antonella Aliotti) y más de una treintena de familias afectadas por problemas de vivienda en Tenerife hemos remitido por correo denuncia a la Secretaría General de la Comisión Europea, contra los gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias por vulnerarse en Canarias el derecho comunitario en materia de vivienda.

Plataforma vivienda _Fotor
Denunciamos a los gobiernos español y canario ante la Comisión Europea

En concreto se incumplen en Canarias el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, puesto en relación con los artículos 16, 30 y E de la misma carta, además del artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El artículo 31 de la Carta Social Europea revisada dice lo siguiente:

"Derecho a la vivienda.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas:

1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente;

2. a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación;

3. a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes."

El artículo 16 de la mencionada Carta incide en el derecho de las familias europeas a la protección social, jurídica y económica, el artículo 30 blinda a su vez el derecho a la protección de los ciudadanos europeos contra la pobreza y la exclusión social, y el artículo E hace hincapié en la protección contra la discriminación de las minorías por cuestiones de diversa índole, entre las que también están las de carácter geográfico, como sucede con Canarias y el cúmulo de inconvenientes y dificultades que los ciudadanos de las islas deben afrontar para poder acceder a unos niveles de vida dignos, debido al atraso económico y formativo de buena parte de la población del Archipiélago frente a otras regiones españolas y europeas, a lo que hay que sumar la ultraperificidad con las dificultades añadidas a la movilidad de las personas, hecho agravado en el último año tras la pandemia. 

Se da la circunstancia que la Carta Social Europea Revisada entró en vigor en Europa el 1 de julio de 1999, pero debía ser ratificada con posterioridad por los países de la Unión, y aunque España la firmó el 23 de octubre de 2000, hasta noviembre del pasado año 2020 no se aprobó en Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se disponía la remisión a las Cortes Generales y se autorizaba la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta. De modo que hasta hace muy poco, los artículos 30, 31 y E de la mencionada Carta Social Europea revisada no estaban operativos en España, estando solo los artículos de la Carta Social Europea anterior, que no contemplaban una protección especial sobre el derecho a la vivienda.  Se entiende con esto el poco interés que tuvo España siempre en proteger este derecho, y por qué hoy estamos como estamos. 

Por su parte, el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice lo siguiente:

 "Artículo 34.3: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales."

Sobra decir en este sentido, que en Canarias no existe de hecho ninguna ayuda a la vivienda en la manera en la que lo expresa el artículo 34.3, puesto que el mercado de la vivienda en Canarias es mayoritariamente privado, y los propietarios de viviendas rehúsan continuamente hacer tratos con las administraciones en forma de ayudas al alquiler o similares, dada la habitual morosidad y falta de seriedad en el pago de dichas administraciones.

Una vez aludidos en nuestra denuncia los derechos y normativas europeas que se vulneran en Canarias en materia de vivienda, remitimos a la Comisión Europea un breve extracto ajustado a 2.000 caracteres en el que enumeramos las cuestiones más graves relativas a vivienda que se sufren en Canarias, a saber: 5.112 desahucios en los últimos dos años, la mayoría por impagos de alquiler (con depresiones, suicidios, familias rotas y otros muchos dramas añadidos), lo que supone una media de 7 desahucios al día; con más de 2.000 personas sufriendo en la actualidad exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife según un informe de Cáritas, entre ellos unos 80 menores; con los fondos buitre acaparando buena parte del mercado con fines puramente especulativos y un aluvión de desahucios que se prevén a partir del 9 de agosto, fecha fin de la moratoria antidesahucios del gobierno; con unas administraciones públicas que no responden ni aportan soluciones reales al problema, por cuanto que... 

I.- No hay vivienda pública disponible, y en la actualidad unas 18.000 familias canarias figuran como demandantes de vivienda social. 

II.- No hay ley alguna que limite la actividad de los fondos buitre. 

III.- La promoción de vivienda pública lleva décadas siendo inexistente, y los planes para construir vivienda nueva, tras dos años de gobierno siguen siendo planes a futuro sin seguridad alguna. 

IV.- La gestión de la vivienda que comparten el ICAVI y Visocan provoca sobrecostes evidentes, enfrentamientos entre los dos entes y caos en la operativa, generado especialmente por la nefasta gestión de Visocan, empresa pública que funciona como una empresa privada, y casi como un fondo buitre más. 

V.- No hay control de precios del alquiler por ley, y según estudios recientes (idealista.com) las dos capitales canarias soportan los precios del alquiler más altos de España en relación con la renta media. 

VI.- No hay regulación del alquiler vacacional: en 2020 había en Canarias 32.832 inmuebles dedicados a esta actividad detraídos del mercado de larga duración. 

VII.- Los servicios sociales están a la cola del país, calificados como irrelevantes en el último índice DEC 2020 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En este contexto las ayudas al alquiler que conceden las administraciones son casi inexistentes o en último extremo casi siempre inútiles.  

Por último, el formato de denuncia de la Comisión Europea nos pregunta si hemos acudido ya a alguna otra administración o ente público en busca de soluciones, y le remitimos la larga lista de reuniones y conversaciones mantenidas con organismos públicos en estos meses y los muchos escritos oficiales registrados, sin apenas resultado más allá de los típicos brindis al sol y las acostumbradas promesas políticas de siempre. Estando como estamos aún a la espera de que el Presidente del Gobierno de Canarias se digne en reunirse con las plataformas y familias de Tenerife afectadas por este problema tan grave, habiéndoselo pedido ya hace más de dos meses. 

En caso de que la denuncia sea admitida a trámite, cosa que así esperamos, entraremos en una segunda fase en la que remitiremos numerosa documentación, escritos oficiales, recortes de prensa, estudios técnicos, testimonios y declaraciones juradas de familias afectadas y cuanta información probatoria sea necesaria, al objeto de demostrar que el derecho a la vivienda no existe en Canarias para una amplia mayoría de la población, y desde la Comisión Europea se obligue a España a subsanar esta grave carencia que sufre Canarias. Una carencia que también se da en otras muchas regiones de España y que por contactos que llevamos con colectivos de otras comunidades autónomas es probable que presenten denuncias similares ajustadas a la realidad particular de cada territorio. 

 

 La vivienda es un derecho... ¡NO DEJES QUE TE LO ROBEN!