Hernández aseguró que Dávila “ha mentido a los canarios” y explicó que ese cierre presupuestario que impuso CC en un mes, septiembre de 2016, en que Canarias tenía un superávit de 343 millones de euros, “es lo que nos ha llevado a incumplir el pago medio a proveedores”. Sostuvo que ese cierre anticipado fue “un castigo a los canarios, a los trabajadores públicos y a los proveedores”, agregó que la responsabilidad habría sido igualmente de Hacienda “incluso sin ese cierre” y recordó que es ese departamento el que ha de cumplir con el pago a proveedores en cualquier circunstancia.

La parlamentaria del PSOE acusó a CC de mentir ahora y de haber mentido en su  momento, “cuando dijeron -y así lo recoge el boletín oficial- que Sanidad, Educación y Políticas Sociales se salvarían del cierre presupuestario”. En este punto, mostró un listado de 689 expedientes que a 7 de noviembre, la Consejería de Sanidad, aún con el PSOE al frente, insistía ante Hacienda para que le dejaran pagar por valor de 49 millones de euros. En agosto, continuó, el pago medio a proveedores se situaba en 16,6 días y en sanidad estaba en 18,85 días, “y si subió en diciembre, no solo en sanidad, es por responsabilidad de la Consejería de Hacienda, que es la que debe dar el visto bueno a cada factura”.

“Es el cierre presupuestario el que hace que pasemos de ser la comunidad autónoma que antes paga a una comunidad incumplidora del pago medio a proveedores, pero cuando CC conoce ese dato, intenta montar una coartada para justificar este caos injusto e injustificado, a la vista de los datos de déficit publicados por el Gobierno central”. En cuanto a las facturas sin pagar, acusó al Gobierno de CC de hablar solo de esos 121 millones sin asignación presupuestaria, “cuando en realidad se trata de un millón menos que el año anterior, de tal forma que la noticia es que no hay noticia”. 

“INTENCIONALIDAD DE CASTIGAR”

También Lavandera lamentó la “desinformación” que pretende generar el Gobierno de Canarias en torno a este asunto. Señaló que la responsabilidad de esos 240 millones de euros de facturas pendientes de pago y su consecuencia directa en el incremento del periodo medio de pago es “única y exclusivamente del presidente y de la consejera de Hacienda por su acción política premeditada de adelantar el cierre presupuestario de 2016 a una fecha antes nunca vista, el mes de septiembre, lo que ha tenido consecuencias no solo en las listas de espera, sino también en el periodo medio de pago”.

De los datos del Gobierno sobre deuda sanitaria –facturas sin cobertura presupuestaria-, indicó que en 2014 la cuantía ascendió a 145 millones de euros, a 122 en 2015 y a 121 millones en 2016, a lo que hay que añadir que desde 2012 se vienen aplicando instrumentos de liquidez a las comunidades autónomas. Explicó que el último año en que sanidad recibió fondos mediante estas herramientas fue en mayo de 2015, cuando se aplicaron 136 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera para pagar facturas de sanidad.

“En 2016 se recibieron cero euros, lo que no es ninguna casualidad, sino una intencionalidad de Hacienda de castigar a los más débiles, que son los usuarios del sistema sanitario público”, continuó. Por tanto, remarcó que si 2016 se cerró con 121 millones de facturas sin cobertura presupuestaria sin disponer de este mecanismo de liquidez, “hay que preguntar dónde ha estado esa mala gestión del gasto”.

También recordó que Canarias, en noviembre de 2016, era la comunidad autónoma peor financiada por habitante por el Estado pero también la de mayor superávit, con 250 millones de euros en esa fecha y 343 millones de superávit cuando se ordenó el cierre presupuestario. Por todo ello, reiteró que el incremento del periodo medio de pago “tiene una única responsabilidad: la orden de cierre presupuestario, que tantos problemas nos generó durante el pacto y a la que tantas reticencias pusimos desde el PSOE”. 

Iñaki Lavandera quiso además desmentir otra afirmación falsa de la consejera de Hacienda, la de que la orden no afectaba a la Consejería de Sanidad. Explicó que la orden  establece una serie de requisitos y trámites para poder exceptuar los gastos que se incurran en determinados departamentos, como es este. “Estas exceptuaciones controladas solo por Hacienda provocaron esos retrasos y tenemos múltiples de ejemplos de cientos de expedientes retenidos en esa Consejería sin pagar por la obsesión de CC de ver la sanidad como un gasto, como un problema y no como un bien esencial”.