El artículo 38 de nuestra Constitución, reconoce la economía de mercado y es precisamente ahí donde la oferta y la demanda imponen los precios en cada momento, tanto de la venta, como del alquiler.  Además, el artículo 33 de la citada Constitución, también enfatiza el derecho a la propiedad privada, que es precisamente lo que se intenta conculcar con esta nueva Normativa.

Desde el Gobierno, no se puede interferir en estos dos derechos fundamentales, porque es una injerencia que los españoles no vamos a permitir, después de ganar la Transición hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Todo hace pensar en una posible inconstitucionalidad de la nueva Ley. Lo que traerá es inseguridad jurídica, que es lo peor que puede pasar alrededor del mercado de la vivienda, creando incertidumbre o distorsiones, lo que provocará el efecto contrario a lo que pretenden.
 
El presidente de la patronal, señala que la intervención estatal del mercado inmobiliario, es de todo punto desaconsejable, porque ahuyenta a los inversores, restringiendo el mercado de la vivienda, reduciendo la oferta residencial y provocando un descenso acusado del empleo en el sector, lo que significará una subida de precios generalizada y un varapalo para la actividad constructiva.

Respecto a la limitación de los alquileres, la experiencia en varios países europeos, lo único que ha conseguido, es un efecto rebote, como la reducción de la oferta, el envejecimiento del parque existente, por falta de mantenimiento y el aumento considerable de la economía sumergida.

Además, la propuesta de la futura Ley de Vivienda, que obligará a destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida y la mitad de ese 30% al alquiler social, es una injerencia en el mercado libre, que expulsará a inversores locales, nacionales y extranjeros, provocando que la venta y el alquiler, tengan precios artificiales, inflados e inasumibles para la mayoría de la ciudadanía.