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viernes, 12 de julio de 2024 12:34h.

FEPECO pone en evidencia el escaso conocimiento de Podemos en materia energética

Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, insiste que “siempre se ha dicho que cualquier ocasión es buena para aprender y diríamos que también para sorprender. Estas elecciones locales y autónomas no iban a ser una excepción y hemos podido ver como alguna fuerza política ha querido ser original, la morada de siempre, con sus propuestas pasmosas, a riesgo de dejar al descubierto la superficialidad de sus conocimientos”.

 

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Los morados, que han formado parte del Gobierno Central y Autonómico en los últimos cuatro años, no han cuestionado el funcionamiento de la distribución eléctrica durante este tiempo.

El sistema eléctrico está constituido por cuatro actividades principales: generación, transporte, distribución y comercialización. Y ha sido en la distribución en la que alguna fuerza política, Podemos en concreto, no podía ser otra, ha puesto su atención, planteando su recuperación por parte de los poderes públicos, suponemos que mediante expropiación. Cualquiera mínimamente estudioso, sabe que la distribución (media y baja tensión) es quizás la más difícil y compleja de gestionar, ya que engloba un conjunto de actividades y características, como son: puntos de acceso, acometidas, ampliaciones de red, facturación, mantenimiento, etc…que se desarrollan en la primera línea de encuentro con los intereses individuales.

Tanto la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que supuso el inicio del proceso de liberalización de acuerdo con las Directivas Europeas, como la posterior Ley 24/2013, de 26 de diciembre, declaran la Distribución Eléctrica como una actividad regulada y se recogen en el art.40 de esta última Ley las obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras. Por tanto, estamos ante una actividad desarrollada por una empresa privada, bajo la tutela y vigilancia económica del Estado, sin necesidad de hacerlo directamente.

El Gobierno Central establece en cada periodo regulatorio la retribución que corresponde a esta actividad de distribución por peajes y otras funciones y supervisa y da el visto bueno anualmente a las ampliaciones de red, así como a la verificación de los estándares de calidad del servicio y otros.

Oscar Izquierdo, destaca que “partiendo de los anterior, se podría entender, que la fuerza política que propone la gestión directa de la distribución eléctrica, los populistas, planteara críticas al Gobierno del Estado, por incumplimiento o incapacidad de hacer cumplir correctamente las obligaciones del Distribuidor. En este caso concreto resultaría paradójico puesto que tanto a nivel nacional como canario (consultas preceptivas) esta fuerza política ha formado parte de ambos gobiernos”.

“Es evidente que los modelos de gestión de las distintas actividades dentro del sector eléctrico no son eternos y deben adaptarse a la mejor defensa de los intereses generales, pero su utilización electoral, con la pobreza argumental que se ha planteado, pone al descubierto la inmadurez de quien los propone”.