Para Justicia y Sociedad, el Tribunal Supremo confirma definitivamente la existencia de una trama político-empresarial que liderada por Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González se pusieron de acuerdo para saquear 8750 millones de las antiguas pesetas de las arcas públicas.

Justicia y Sociedad considera que “la sentencia del Tribunal Supremo confirma lo que desde hace más de 11 años venimos sosteniendo frente a la complicidad y el silencio impuestos, sobre todo, los primeros años”, en tal sentido, nos “alegra que ahora hablen los que antes callaban, incluso, aquéllos a los que nunca se les vió enfrentando este caso y ahora se tratan de apuntar por oportunismo”.

Justicia y Sociedad quiere reconocer especialmente el papel de Ínsula Viable y sus integrantes como denunciantes del caso, el profundo trabajo de investigación realizado por el Grupo VII de la policía judicial, la titánica labor de la Fiscal Delegada Anticorrupción en Tenerife, y la integridad y valentía de funcionarios como la arquitecta Da. Pía Oramas. También se quiere agradecer desdeJusticia y Sociedad, a las personas y organizaciones que contribuyeron con sus recursos al pago de la fianza que de forma injusta nos impusieron con la finalidad de apartarnos del caso.

Ahora bien, para Justicia y Sociedad “no habrá justicia para ‘Las Teresitas’ hasta que se recupere hasta el último euro saqueado al pueblo de Santa Cruz”. Para Justicia y Sociedad “el caso Las Teresitas” no ha terminado hasta que devuelva a los ciudadanos lo que les fue “robado”. Es por ello, que en los próximos días solicitaremos a la Fiscalía y a la Audiencia Provincial que activen la colaboración de la Oficina para la Recuperación y Gestión de Activos prevista en el Decreto 948/2015 como órgano auxiliar de la Administración de Justicia para la “localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal”.

Justicia y Sociedad considera que en la recuperación del dinero malversado “el tiempo es oro” para evitar que los condenados (personas físicas y empresas) puedan tratar el eludir el pago de la indemnización (no olvidemos que ya a uno de los condenados se le ha abierto a instancia de la Fiscalía y de Justicia y Sociedad, un procedimiento penal por alzamiento de bienes –frustración de la ejecución).

Es por ello que para Justicia y Sociedad la conducta del alcalde saliente José Manuel Bermúdez ha sido de una “grave irresponsabilidad”, “Bermúdez se ha negado a que el Ayuntamiento recupere cuanto antes una indemnización de 100 millones de euros”, es más, “Bermúdez no ha movido un dedo para recuperar el dinero negándose de forma consciente, deliberada, expresa y reiterada a que el Ayuntamiento solicite la ejecución provisional de la sentencia”. Para Justicia y Sociedad “Bermúdez ha dado un balón de oxígeno en forma de tiempo a sus compañeros de Coalición Canaria condenados”.

Para Justicia y Sociedad Zerolo, Parejo, Plasencia y González, han hecho de Santa Cruz el corazón de la corrupción en Tenerife y Canarias. Al mismo tiempo, desde el colectivo de juristas se reconoce que “Zerolo, Parejo y los empresarios Plasencia y González han demostrado ser ‘muy competitivos’ a la hora de prevaricar y malversar” ya que “en pocos casos como en éste nos encontramos con ‘una única operación’ que genere un pelotazo y un saqueo tan grande”. La sentencia describe el “modelo de tierra única” donde una élite político-empresarial decide de espaldas a la mayoría y en contra del interés general.

Justicia y Sociedad recuerda que el “caso de Las Teresitas” fue un “saqueo múltiple” ya que este saqueo a los bolsillos de los ciudadanos se materializó a través de varias vías: 1) se pagó por parte de los terrenos que eran dominio público-martímo terrestre; 2) se pagó por parte de los terrenos que ya eran propiedad del Ayuntamiento (pago doble); 3) Se pagó tres veces más por las 11 parcelas del frente de playa de lo que establecían las periciales (Universidad Carlos III, Pool Geast y arquitecta municipal), ocultando éstas y apoyándose en informes de “complacencia” encargados “para vestir el santo” que falseaban la realidad urbanística y los parámetros existentes; 4) se recalificó a los empresarios la zona del Valle de Las Huertas generando una plusvalía que no fue valorada para determinar/ compensar el precio final que pagó el Ayuntamiento.