“Tengo la seguridad  que las enmiendas que se están elaborando por los grupos parlamentarios, incluido el grupo de gobierno  mejorarán el texto legislativo en este ámbito de actuación y  se convendrá que las enmiendas serán todas las que se necesitan para que su combinación cubra los servicios reconocidos y su definición, modalidades e intensidades necesarias para cubrir los servicios garantizados” puntualizó Henríquez. 

La directora general de Políticas Sociales explicó que los costes del sistema dependen de los costes de las diversas prestaciones, sus modalidades e intensidades y la localidad concreta donde se accede a las mismas, “una vez determinada la combinación de prestaciones según su tipo o/y intensidad, caracterizará los servicios, el marco de competencias y la cobertura de los mismos se configurará  el mapa de recursos del sistema su coste y territorialización que se concretará en el desarrollo de la Cartera de Servicios y Mapa de Recursos que se vincula a esta Ley”.

“Los técnicos y técnicas de la Consejería de Políticas Sociales están trabajando intensamente para que el decreto que regula la Cartera de Servicios y el Mapa de Recursos pueda salir al mismo tiempo que la propia la Ley”.

Financiación

El artículo 54 del proyecto de ley introduce que  las administraciones públicas canarias consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos cantidades suficientes destinadas a hacer frente a los gastos que se deriven del ejercicio de las competencias que les atribuyen esta  sin perjuicio de las fórmulas de cofinanciación que se puedan establecer entre sí. 

Las relaciones de cooperación para financiar las prestaciones sociales respecto de competencias que les correspondan a los cabildos insulares y ayuntamientos de la respectiva isla, se acordarán entre sí a nivel insular y municipal, garantizándose una financiación del Gobierno adecuada para el mantenimiento de los programas y recursos sociales que se presten.  

En este sentido, apuntó Henríquez “el artículo 5 del proyecto de Ley de Servicios Sociales establece que se tendrá en cuenta la equidad territorial con independencia de la isla donde residan y la descentralización - desconcentración competencial, teniendo los cabildos insulares y los municipios que aproximar lo máximo posible los servicios a la ciudadanía, mediante la zonificación territorial y la descentralización en la prestación de los servicios en el marco que determine el desarrollo de la Cartera de Servicios y Mapa de Recursos del Sistema Público Canario de Servicios Sociales”. 

Tercer Sector

La nueva Ley introduce las modalidades de convenio y concierto social con el Tercer Sector así como los requisitos para la  acreditación, habilitación de sus servicios y homologación de sus espacios organizativos, para ello  deberán registrarse como entidades colaboradoras para su participación en la Cartera de Servicios y Mapa de Recursos del Sistema Público Canario de Servicios Sociales.   

La directora general de Políticas Sociales  vuelve a reiterar la importancia de que “la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, avalada por el marco normativo europeo, permita establecer convenios y concierto social con las entidades del tercer sector, esto garantizará el crecimiento del empleo estable y cualificado en las áreas de servicios sociales prestados por las ONGs que, hasta el momento, dependen de las convocatorias de subvenciones para presentarse a concurso”.

“Esto provoca incertidumbres a la hora de mantener un personal fijo y cualificado, por lo que la posibilidad de firmar con entidades acreditadas, habilitadas y con personal homologado convenios y concierto social permitirá ofrecer a esos trabajadores una continuidad que redundará en beneficios no sólo para el trabajador, sino para los ciudadanos que reciben estos servicios”.