Fleitas recordó el motivo que impulsa la “extraordinaria y urgente necesidad” de convalidar este Decreto Ley, “como son las personas”, más teniendo en cuenta que en un contexto de crisis económica y social, “como el que posiblemente se perfila tras la superación de la crisis sanitaria del COVID19, el legislador y los poderes públicos deben ser más exhaustivos en la regulación de la materia, dado que el juego y las apuestas pueden ser un recurso fácil que acabe saliendo muy caro y, como bien ya indicaba la resolución aprobada en el Pleno, es necesario una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, además de poner en marcha las medidas sociales tendentes a minimizar los efectos negativos de esta actividad”.

En este sentido, destacó que desde el Grupo Parlamentario Socialista se entiende que “han de ser ponderados tanto el derecho al desarrollo de la economía y el comercio, como el de los bienes jurídicos anteriormente mencionados, la salud y la economía de las familias canarias, y, sobre todo, su protección integral”.

La diputada socialista recordó que dicha PNL fue aprobada con la confianza cualificada de las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias, “consenso que habla, sin duda, de la necesidad de dotar la potencial incidencia negativa del juego sobre bienes jurídicos protegidos por esta sociedad, como son la salud y la economía de nuestras familias, los consumidores y la prestación de servicios correspondientes”.

Fleitas incidió en que el impacto que tiene la actividad del juego y de las apuestas en la sociedad “no es baladí”, sobre todo en la salud y la economía de un gran sector de la población, motivo por el que esta actividad se encuentra sujeta a una intensa intervención administrativa a todos los niveles, tanto estatales como supranacionales, haciendo hincapié en el pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto.

La diputada socialista se congratuló de que este Decreto solucione el hecho de que hasta ahora no estuvieran representados distintos sectores como la salud pública, la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias, así como asociaciones y entidades en las que se agrupan los afectados, pero incidió en que se debe realizar un estudio “serio y concienzudo” de la realidad del juego y de las apuestas en Canarias, tanto desde el punto de vista del impacto económico, como desde el punto de vista de la interacción con la sociedad y su afección.

Además, aclaró que este Decreto Ley impide perjuicios de carácter irreparable y dota de seguridad jurídica, “además de perfeccionar determinados aspectos de la norma, que, si esperamos a tratar por la vía ordinaria de la modificación de la Ley, perdería todo sentido”.

“En una situación como la que nos encontramos, lo urgente pasará por encima de lo importante y es de vital importancia que, al término de la vigencia del Decreto Ley, a 31 de diciembre del año 2021, la tarea de análisis y valoración del sector del juego y de las apuestas en Canarias esté finalizada, así como el trámite de modificación de la Ley y su desarrollo”, aclaró.