La senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, lidera esta iniciativa de la que resalta su “valor  cohesionador en una sociedad actual, tanto española como canaria, donde las desigualdades y la fractura del tejido social entre ricos y trabajadores pobres avanzan sin control, tal y como reflejan todos los indicadores económicos; si a este modelo de sociedad bananera y polarizada sumamos la discapacidad sin titulación básica, el aislamiento de esa persona se convierte en insoportable y sus perspectivas de alcanzar un presente y futuro autónomos en sociedad se reducen prácticamente a cero”.

En este sentido, añade que "los socialistas apostamos por una educación inclusiva que alcance a todos, que atienda y compense también a quienes puedan presentar dificultades para su integración escolar, sean cuales sean sus necesidades o diferencias. Que adapte los procesos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado".

La senadora tinerfeña explicó que la FP supone para este colectivo una importante oportunidad de acercamiento y posicionamiento con respecto al mundo laboral y de consecución de una certificación profesional, en base a sus capacidades, que les permita acceder a una búsqueda de empleo e inserción laboral lo más normalizada posible.
A su juicio, es necesario revisar los requisitos que faciliten la titulación del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) tanto en la ESO como en la FP, permitiendo ofertar una Formación Profesional adaptada a los perfiles del alumnado y variada en centros ordinarios que contemple los principios de inclusión e igualdad en atención a la diversidad.

En Canarias, el 2’15 por ciento de los más de 308.000 estudiantes matriculados en la enseñanza pública tienen necesidades educativas especiales. Así lo recoge el Observatorio sobre discapacidad y Mercado de Trabajo en España en su último estudio correspondiente al curso 2014/15.

Delgado detalló que tanto la moción del PSOE como la comparecencia del profesor de Secundaria Fernández Chavero proponen que el Gobierno modifique la normativa vigente sobre el alumnado con NEE para que se contemplen casos de excepcionalidad a la limitación de 21 años de edad para cursar los estudios de Formación Profesional Básica.

Además, a través de la Conferencia Sectorial de Educación y con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), propone crear un grupo de trabajo específico que tenga como objetivo elaborar un documento sobre la situación de los alumnos con NEE en la Formación Profesional, y la respuesta y atención que ésta da a sus necesidades formativas y laborales según sus capacidades.

Dicho documento deberá incluir, entre otras cuestiones, propuestas sobre la reducción de la ratio de alumnos por aula y la mejor distribución de las horas de formación en centros de trabajo, un sistema de becas, ayudas y recursos específicos para dicho alumnado y la formación específica del profesorado para la atención de alumnos con NEE, así como los apoyos necesarios en el aula.