Informó de que las 98 instituciones, es decir, la totalidad, aprueban con un 5,47. De estas dependen 247 sujetos públicos obligados también a cumplir con la ley. Sin embargo, solo lo hace el 61,6 por ciento, quedando al margen 111 entidades. Rodríguez indicó que son muchas las razones por las que no se cumple con las leyes de transparencia, ya sea por falta de recursos materiales o humanos, “pero siempre está la duda de si se ha hecho el esfuerzo suficiente para conseguir los objetivos y si se ha valorado cuánto tiene de beneficio ser transparente y dar mayores garantías a la ciudadanía”.
 
Recordó que las normas que la regulan pretenden dar luz a la gestión pública o permitir conocer detalles en casos de corrupción y mala administración de fondos. “Estamos ante una herramienta que da garantías y seguridad jurídica, por lo que lo lógico, lo responsable, sería que no necesitáramos una ley, ya que las instituciones y las personas que las lideran son elegidas por la ciudadanía porque confían en que lo harán bien o, al menos, con la ética y responsabilidad que se les supone”, dijo.
 
Lamentó que, no obstante, no suceda así, tal y como lo constata el informe, del que se desprende que aún queda mucho por hacer en todos los ámbitos. “Debemos ser más exigentes. Las instituciones evaluadas deben poner todo su empeño en ser claras y transparentes mejorando sus índices de democracia, de buena gobernanza y dando confianza a la ciudadanía”.
 
Ventura del Carmen Rodríguez explicó que el PSOE ve aún muchos asuntos importantes por resolver en torno a este asunto, como es la falta de recursos del Comisionado para el desarrollo de sus funciones, no solo en cuanto a la fiscalización y examen, sino también en la comunicación con la población y divulgación de lo que supone la transparencia. 
 
“Un ejemplo claro de la confianza o desconfianza de la ciudadanía hacia la administración la podemos ver en la gestión de las listas de espera  sanitarias. En 2016 se publicaban mensualmente y a finales de ese año, con el cese de las consejeras y consejeros del PSOE por el presidente Clavijo, dejaron de publicarse, pasando a salir cada seis meses, además de generar dudas respecto a su veracidad”, señaló.
 
La parlamentaria socialista preguntó al Comisionado por el “error” que se contempla en el informe, “entendemos que de mala redacción”, sobre este asunto, ya que en 2016 se publicaban mensualmente y no así en 2017, “y lo mismo sucede en la publicación de las listas de espera de la ley de dependencia”.
 
Precisó que otro de los asuntos pendientes es el desarrollo reglamentario que el Gobierno tiene que afrontar cuanto antes, “aunque ya ese objetivo no se alcanzará en esta legislatura”. Indicó que con la aprobación del reglamento se podría llegar un poco más lejos, de modo que los efectos del incumplimiento de la ley o la falta de transparencia no fuera solo pasar por este examen mejorando el sistema sancionador, sino haciendo un reconocimiento o premiando a los que realmente se esfuerzan y cumplen.
 
Añadió que otro aspecto para mejorar pasa por la evaluación de la transparencia del Gobierno al dar cuenta ante el Parlamento. “No debería ser una opción que el Gobierno se niegue a dar la información solicitada por los diputados, algo que sucede pleno tras pleno. No basta con pedir disculpas, pues supone una  mala actuación del Gobierno y un fracaso en transparencia que debería tener consecuencias mayores”.